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La ceremonia se desarrolló en la aldea San Francisco y representa la legalización de tres millones de varas cuadradas de tierra, en el marco del programa de titulación impulsado por el gobierno actual. Con esta acción, el número de títulos entregados por la presidenta Castro supera los 30 mil a nivel nacional en sus primeros tres años de gobierno, lo que según la mandataria representa un acto de justicia social y seguridad jurídica para el campo hondureño

Durante la reunión, el sector privado anunció que presentará un posicionamiento formal, escrito, dirigido al INA con sus observaciones, rechazos y propuestas sobre la reforma a la ley agraria. En particular, se discutió la importancia de mantener y reforzar el concepto de tierras ociosas o incultas dentro del marco legal.

El exjefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, lanzó una fuerte acusación sobre la estructura de la empresa hondureña Koriun Inversiones, señalando que narcotraficantes y políticos estarían detrás de esta financiera investigada por lavado de activos y por operar sin los permisos correspondientes.

Según el pronunciamiento, la propuesta legislativa representa una grave amenaza ambiental al pretender agilizar y simplificar la emisión de licencias sin estudios técnicos rigurosos, lo que podría facilitar la destrucción de ecosistemas frágiles y beneficiar intereses particulares en detrimento de las comunidades.

Para este año, los pronósticos indican una actividad más intensa de lo habitual, con un estimado de entre 14 y 16 tormentas tropicales, de las cuales al menos nueve podrían convertirse en huracanes, y cuatro alcanzarían una categoría intensa.

Gutiérrez cuestionó duramente la falta de acción por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), entidad que debería supervisar este tipo de actividades financieras.

La organización Casa Alianza dio a conocer un informe alarmante sobre la situación de violencia que afecta a niños, adolescentes y jóvenes en Honduras durante el año 2025, pese a la continuidad del Estado de Excepción impulsado por el Gobierno, que hasta ahora no ha logrado frenar los crímenes.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, anunció que el Gobierno utilizará fondos públicos para resarcir a los miles de ciudadanos afectados por el caso de Koriun Inversiones, una supuesta entidad financiera que operaba sin reconocimiento oficial y cuyo colapso ha dejado a más de 30,000 personas sin acceso a su dinero.

El abogado penalista Abel Orellana advirtió que cualquier intento del Estado hondureño de utilizar fondos públicos para cubrir las pérdidas económicas de los inversionistas afectados por el caso Koriun Inversiones podría constituir un delito, como abuso de autoridad o malversación de caudales públicos.