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La decisión se produce en un marco de polarización política nacional, en el que la transición entre la administración saliente y la entrante ha estado marcada por tensiones y controversias respecto a los resultados de las elecciones generales de 2025, celebradas el 30 de noviembre pasado.

En respuesta, la Corporación autorizó al alcalde a gestionar mecanismos de financiamiento que permitan sanear las finanzas municipales, reactivar la inversión pública y continuar con proyectos paralizados.

Expertos, organizaciones civiles y sectores sociales coinciden en que la agenda del nuevo gobierno estará dominada por tres temas que exigen atención inmediata: lucha contra la corrupción, sanidad pública debilitada y seguridad ciudadana deficiente.

Según el comunicado difundido por la institución, cada medio de comunicación podrá decidir de forma independiente si difunde la sesión solemne, sin que exista una orden que obligue a todas las televisoras, radios o plataformas digitales a enlazar la transmisión oficial.

Autoridades judiciales confirmaron que, hasta el 26 de enero de 2026, no se ha registrado ninguna transferencia, lo que ha obligado a esa institución a hacer “malabares financieros” para cumplir con sus compromisos básicos.

Durante su mandato, uno de los compromisos más mencionados la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) no llegó a concretarse, lo que desató cuestionamientos entre organizaciones sociales y políticos opositores.

El alcalde indicó que el crecimiento de la planilla se suma a otros factores financieros que complican la situación presupuestaria de la comuna, entre ellos un préstamo de 1,000 millones de lempiras gestionado por la pasada administración sin una rendición de cuentas detallada sobre su destino.

Con este paso, el nuevo gobierno busca establecer desde el inicio su propia identidad institucional y narrativa pública, diferenciándose de la gestión anterior y reforzando su presencia digital como canal prioritario de contacto con la ciudadanía.

La decisión marca el cierre de casi dos meses de presión pública y movilizaciones en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, donde seguidores de Aldana exigieron un recuento exhaustivo de votos en el proceso electoral municipal.