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Durante declaraciones brindadas a medios, el funcionario sostuvo que el proceso en su contra no responde a fundamentos jurídicos, sino a intereses políticos, señalando que las acciones emprendidas buscan debilitar su gestión al frente del Ministerio Público.

La reunión fue encabezada por la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, junto al embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, quienes dialogaron sobre los avances y oportunidades en la relación bilateral.

La situación se da en un momento de alta confrontación política, luego de que el Congreso Nacional aprobara la apertura de un juicio político contra Johel Zelaya, lo que derivó en su suspensión del cargo.

Estas iniciativas buscan fortalecer la democracia mediante una mayor incidencia de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, en un contexto donde la participación juvenil se perfila como un factor clave para el desarrollo social y político del país.

El caso involucra a 12 personas, entre ellas una diputada del Congreso Nacional y un exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quienes enfrentan acusaciones relacionadas con presuntos actos de fraude.

A través de un pronunciamiento público, el también dirigente liberal afirmó que la muerte de la funcionaria no debe considerarse un hecho aislado, sino el resultado de decisiones institucionales que, según él, impidieron que recibiera la atención médica necesaria a tiempo.

El proceso contra Zelaya se da en medio de un ambiente de tensión política, con posiciones encontradas entre distintos sectores. Mientras algunos consideran la medida como un ejercicio de control institucional, otros la interpretan como una acción influenciada por intereses políticos.

A través de un pronunciamiento oficial, el Poder Legislativo subrayó que el intercambio con organismos y socios internacionales permite impulsar iniciativas clave en áreas como inversión, infraestructura, gobernabilidad y fortalecimiento institucional.

El operativo fue confirmado por el titular del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien explicó que las acciones incluyen requisas exhaustivas en busca de armas, drogas y equipos tecnológicos utilizados para cometer ilícitos desde prisión.