Con el fin del mandato de Xiomara Castro y la asunción de Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras, el destino de la pareja conformada por la exmandataria y el ex jefe de Estado, Manuel Zelaya, se presenta como un terreno incierto marcado por interrogantes judiciales y políticos.

Tras la ceremonia de traspaso de mando en Honduras, donde Nasry Asfura asumió la presidencia, se ha reavivado el debate sobre el papel político y legal que enfrentarán la expresidenta Xiomara Castro y su esposo, el exmandatario Manuel “Mel” Zelaya. El final del periodo 2022-2026 ha generado análisis y preocupaciones sobre posibles consecuencias jurídicas y su participación en la arena política nacional.

Analistas consultados por diversos medios señalan que, al concluir su gestión, Castro y Zelaya podrían enfrentar posibles demandas judiciales, amenazas de extradición o incluso procedimientos de tipo político debido a decisiones y nombramientos realizados durante los últimos días de su administración. Esta situación se da en un contexto donde el legado de su gobierno ha sido objeto de críticas por sectores opositores que cuestionan prácticas de nepotismo y manejo del poder.

El proceso de transición se formalizó con la investidura de Asfura, quien asumió la Presidencia de la República tras unas elecciones marcadas por polarización y desacuerdos en torno al escrutinio de votos. La salida de Castro pone fin a un gobierno caracterizado por profundas divisiones políticas internas y por la influencia continua de Zelaya, quien había sido desplazado del cargo en 2009 por un golpe de Estado militar, antes de regresar a la escena nacional a través del liderazgo del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante los últimos días de su mandato, Castro realizó nombramientos en instituciones clave, una acción que ha sido señalada por críticos como intentos de asegurar influencia política más allá de su periodo constitucional. Además, su vinculación con Zelaya, figura emblemática de la izquierda hondureña, añade una dimensión adicional de atención sobre cómo se redefinirá su rol público ahora desde fuera del Ejecutivo.

Sectores políticos han expresado opiniones encontradas: mientras algunos consideran que ambos líderes continuarán siendo actores relevantes en el escenario nacional, otros advierten que podrían surgir procesos legales que determinen su responsabilidad por actuaciones específicas durante el gobierno saliente. Esta dualidad anticipa un periodo de intensos debates jurídicos y políticos en el país centroamericano.

Con la llegada de un nuevo gobierno, las próximas semanas serán claves para observar cómo se desarrolla la vida política de Castro y Zelaya, y si la transición de poder inaugurará una etapa de reconciliación o de confrontación institucional en Honduras.