La inseguridad alimentaria en Honduras, que ya afecta a un número significativo de hogares, podría intensificarse en 2026 si no se implementan medidas públicas y estrategias intersectoriales más eficaces, advirtió el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Según alertaron especialistas del OBSAN, más de un millón de personas en el país enfrentan actualmente dificultades para acceder de manera regular a alimentos suficientes y nutritivos, una situación que se ha visto exacerbada por factores como el cambio climático, el aumento de los precios de los productos básicos y la pérdida de empleos formales.

La coordinadora del Observatorio, María Luisa García, enfatizó que “si no se fortalecen o introducen nuevas políticas públicas orientadas a garantizar el acceso universal a la alimentación, esta realidad podría empobrecer aún más las condiciones de vida de miles de familias hondureñas en los próximos meses”.

El diagnóstico de la UNAH señala que la crisis alimentaria no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples desafíos concomitantes.

Las adversidades climáticas, entre ellas sequías prolongadas y eventos extremos, han reducido la productividad agrícola en regiones rurales, limitando la disponibilidad local de alimentos y erosionando las fuentes de ingresos de pequeños productores.

Además, el encarecimiento de los alimentos de primera necesidad y la caída de oportunidades laborales han puesto un esfuerzo adicional en los presupuestos familiares, especialmente en sectores de bajos ingresos.

El acceso a la canasta básica se ha vuelto más difícil para muchos hogares hondureños, lo cual incrementa la vulnerabilidad nutricional de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y familias sin recursos suficientes.

Frente a este panorama, académicos y observadores sociales han instado al Gobierno de Honduras a coordinar respuestas integrales, incluyendo la elaboración de políticas públicas orientadas a la producción agrícola sostenible, mejores mecanismos de protección social y alianzas con organizaciones internacionales y comunidades productoras.

Las propuestas incluyen fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante desastres naturales, incrementar el apoyo técnico y financiero a pequeños agricultores, y diseñar programas de seguridad alimentaria con enfoque territorial y de derechos humanos que favorezcan el acceso equitativo a los alimentos.

Diferentes organismos internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas, ya han advertido sobre el impacto del clima, la inflación y la inestabilidad económica en la seguridad alimentaria de Honduras, especialmente entre las poblaciones más expuestas y con menor resiliencia ante shocks externos.

Si no se actúa de manera oportuna y coordinada, los expertos aseguran que la cantidad de hondureños con acceso precario a alimentos nutritivos podría crecer de manera significativa a lo largo de 2026, con implicaciones directas para la salud pública, la educación y el bienestar general de la población.