La Secretaría de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) han iniciado una investigación para identificar a los beneficiarios de fondos públicos entregados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Copán, sospechosamente ligados al partido LIBRE.

Ante el escándalo, el presidente del Congreso y la fiscalía se han comprometido a llevar la investigación “hasta las últimas consecuencias”

Este episodio se suma a un patrón político recurrente en Honduras: el uso discrecional de fondos públicos, presuntamente con fines partidarios. A unos meses de las elecciones generales, el caso pone en tela de juicio la transparencia del gobierno de LIBRE, que había prometido combatir la corrupción. El fondo de “solidaridad” aprobado por el Congreso y ejecutado por Sedesol aparece desviado para equipamiento partidario en lugar de la población vulnerable

El escándalo ha generado llamadas de organizaciones civiles para que “si no investigan, lo hará el pueblo”, y para que se apliquen sanciones ejemplares

Las investigaciones documentales y el proceso técnico en terreno buscan esclarecer si estos fondos fueron realmente utilizados conforme a la ley o desviados para favorecer estructuras partidistas, poniendo en riesgo la confianza ciudadana y el cumplimiento del presupuesto social.

La denuncia, presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se fundamenta en varios elementos preocupantes:

Cheques emitidos sin firmas o sin endosos visibles

Documentos editables carentes de respaldo legal

Beneficiarios inexistentes o ligados al partido oficial

Este caso cobró fuerza tras la difusión de un video en el que se observa a la diputada Isis Cuéllar y al ministro José Carlos Cardona organizando la entrega de cheques vendidos como ayudas sociales, aunque claramente destinados a “coordinaciones de LIBRE”

El jefe de investigación del CNA, Luis Urbina, explicó que el CNA recibió documentos en USB editables, con hojas delanteras de cheques, pero sin firmas ni respaldo legal, y que la Fiscalía podría iniciar acción de oficio por posibles delitos

Por su parte, el ministro Sergio Coello dijo que desde el martes un equipo de la Secretaría de Transparencia y la Oficina de Control Interno inspecciona liquidaciones y realiza trabajo de campo para verificar que las ayudas hayan sido ejecutadas, con un informe previsto para este viernes en cadena nacional.

Adicionalmente, la ASJ alertó que el presidente del Congreso, Luis Redondo, se negó a dar cuentas del uso de dichos fondos, y pidió prisión administrativa y penal para los responsables.