Sistema de videovigilancia opera con fallas críticas
20 de marzo de 2026
El sistema de cámaras de seguridad en Honduras enfrenta serias limitaciones operativas, luego de que autoridades confirmaran que solo una fracción de los dispositivos instalados en el país se encuentran en funcionamiento.
De acuerdo con datos oficiales, de un total aproximado de 7,300 cámaras instaladas a nivel nacional, únicamente unas 1,520 están activas, lo que evidencia un bajo nivel de operatividad en una herramienta clave para la seguridad ciudadana.
La revelación pone en el centro del debate la efectividad del sistema de videovigilancia, especialmente en un contexto donde la tecnología juega un papel fundamental en la prevención del delito y el monitoreo de espacios públicos. Expertos consideran que la limitada cobertura reduce significativamente la capacidad de respuesta de las autoridades ante hechos delictivos.
El sistema, vinculado principalmente al servicio de emergencias 911, fue concebido como un mecanismo para fortalecer la seguridad mediante monitoreo en tiempo real, identificación de sospechosos y apoyo en investigaciones. Sin embargo, el deterioro, la falta de mantenimiento y posibles fallas en la gestión han afectado su funcionamiento.
Ante esta situación, el gobierno anunció que se trabaja en un proceso de fortalecimiento del sistema, que incluiría la rehabilitación de equipos, la incorporación de nuevas tecnologías como reconocimiento facial y la ampliación de la cobertura en zonas estratégicas.
Autoridades han reconocido que mejorar la red de videovigilancia es una prioridad dentro de la estrategia de seguridad, ya que su correcto funcionamiento podría contribuir a la reducción de la criminalidad y a una mayor eficiencia en las labores policiales.
El problema también refleja desafíos estructurales en la administración de recursos tecnológicos en el país, donde la inversión inicial no siempre va acompañada de mantenimiento sostenido ni actualización de equipos.
En este contexto, la recuperación del sistema de cámaras se perfila como una tarea urgente para el Estado, especialmente en momentos en que la ciudadanía demanda mayores garantías de seguridad y una respuesta más efectiva ante la delincuencia.
