A pocos días de la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, defensores de derechos humanos alertan sobre los riesgos inmediatos para más de 55,000 hondureños amparados bajo este beneficio migratorio.

Itsmania Platero, defensora de derechos humanos, advirtió que los “tepesianos” que no inicien trámites legales podrían perder los bienes adquiridos durante su estadía en el país norteamericano. La especialista señaló que la medida ya genera temor y afecta la vida cotidiana de los migrantes: algunos dejan de asistir a sus trabajos y padres de familia evitan enviar a sus hijos a la escuela por miedo a ser detenidos por autoridades migratorias.

“Hay reportes de hondureños detenidos por agentes del ICE, obligados a descender de sus vehículos y trasladados a centros de procesamiento”, denunció Platero.

La defensora urgió al gobierno hondureño a activar mecanismos consulares y coordinar con instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Dirección de Investigación Policial (DIP), especialmente para migrantes con antecedentes que podrían ser enviados a terceros países, como El Salvador.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, criticó al Ejecutivo por no haber impulsado acciones diplomáticas que protejan a los migrantes. “El Gobierno abandonó a los tepesianos, priorizando alianzas ideológicas en lugar de defender a sus ciudadanos en el exterior”, afirmó. Flores también señaló que cerca de 60,000 niños ciudadanos estadounidenses, hijos de tepesianos, podrían ser deportados junto a sus padres, generando un impacto familiar significativo.

La cancelación del TPS entrará en vigor este lunes 8 de septiembre y afecta no solo a hondureños, sino también a ciudadanos de Nepal y Nicaragua. Organizaciones migrantes han convocado vigilias y protestas en ciudades como Los Ángeles, Houston y Miami, mientras abogados y defensores exigen garantías de debido proceso y alternativas legales viables para evitar deportaciones masivas.