El proceso de licitación pública lanzado por la SESAL para adquirir medicamentos en 2024 no logró concretarse, situación que ha sido criticada por sectores políticos y sociales, quienes consideran que refleja fallas administrativas y falta de planificación. Ante la urgencia por garantizar el abastecimiento en centros de salud, la Secretaría ha optado por la vía de compra directa, una medida que si bien es legal y regulada, ha sido históricamente vista con sospechas por su potencial uso discrecional.

La Secretaría de Salud de Honduras (SESAL) confirmó que ejecutará una compra directa de medicamentos por un monto de 2,300 millones de lempiras, luego del fracaso de la licitación pública previamente convocada.

La gerente administrativa de SESAL, Lourdes Hernández, explicó que el presupuesto total asignado para la adquisición de medicamentos en 2025 asciende a 5,000 millones de lempiras, y que ya se han adjudicado 1,090 millones mediante procesos anteriores. Ante la necesidad de garantizar el abastecimiento de insumos, la Secretaría trabaja en un segundo proceso de compra directa.

Hernández aclaró que este tipo de adquisiciones no deben interpretarse como compras “a dedo”, ya que aunque el procedimiento es más ágil, mantiene criterios similares a los de una licitación privada. “Todo se publica a través de la plataforma oficial y bajo la veeduría de organizaciones de la sociedad civil”, aseguró.

La funcionaria también resaltó que la compra directa permite reducir los tiempos de adquisición sin sacrificar transparencia ni competitividad en los criterios de selección. Según detalló, una vez concretada la compra, los medicamentos se distribuirán de forma trimestral a las 48 unidades ejecutoras del sistema nacional de salud, incluyendo hospitales y regiones sanitarias.

No obstante, la decisión ha generado polémica. Diputados vinculados al gremio de la salud en el Congreso Nacional han expresado su preocupación, señalando que este proceso podría prestarse a actos de corrupción, favoreciendo a ciertos proveedores sin los controles necesarios de una licitación pública abierta.