El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aclaró este jueves que la apertura de juicios políticos contra altos funcionarios en Honduras dependerá del respaldo del pleno de la Cámara y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

En el Congreso Nacional hondureño ha vuelto al centro del debate la posibilidad de iniciar procesos de juicio político contra altos funcionarios, en medio de tensiones políticas y reclamos por la actuación de autoridades durante el ciclo electoral y en la administración pública.

Esta figura constitucional, vigente desde hace más de una década, pero nunca aplicada, genera expectativas y advertencias entre legisladores de distintos partidos sobre cómo y cuándo podría activarse formalmente.

Zambrano insistió en que la figura del juicio político está vigente en la legislación hondureña desde 2013, aunque hasta la fecha nunca ha sido utilizada. Para que un proceso pueda comenzar, explicó, primero debe presentarse una denuncia formal y luego obtenerse el apoyo de al menos 86 diputados la mayoría calificada exigida constitucionalmente para admitirla a trámite.

“El juicio político solo se aplicará si hay consenso entre la mayoría de los diputados en el pleno”, señaló el líder del Legislativo, haciendo un llamado a actuar con serenidad y con apego a la ley, y advirtiendo contra decisiones impulsivas motivadas por emociones o por venganza.

Zambrano detalló que, si se logra la admisión con los votos necesarios, la persona señalada sería suspendida de su cargo mientras una comisión especial designada por el hemiciclo investiga las acusaciones. Luego de recopilar pruebas y elaborar un informe, ese documento regresaría al pleno para que decida si procede o no la destitución definitiva.

La discusión ha cobrado mayor atención en las últimas semanas, especialmente por llamados de algunos diputados a que se sometan a juicio político a quienes consideran responsables de “atentar contra la estabilidad democrática” del país, en particular en relación con actuaciones del ciclo electoral reciente.

Pese a la creciente presión de sectores políticos y de la sociedad civil, Zambrano recordó que cualquier iniciativa de esta naturaleza debe respetar los pasos y condiciones que establece el marco jurídico, y que sin los votos necesarios no podrá avanzar.

El debate sobre la aplicación de esta figura constitucional llega en un momento en que el Congreso enfrenta diversas tensiones internas y cuestionamientos públicos, subrayando la importancia de equilibrar el control político con la estabilidad institucional en Honduras.