En un hecho que retrata la alarmante normalización de la violencia criminal en Honduras, el dirigente del transporte urbano Wilmer Cálix denunció que grupos pandilleros exigieron a transportistas el pago doble de extorsión antes del inicio de la Semana Santa, para “irse de vacaciones”.

“Se fueron a Semana Santa con buen billete”, ironizó Cálix, aludiendo al poder de planificación de estas estructuras criminales, que adelantan cobros bajo amenaza, aprovechando los días feriados, mientras las autoridades siguen rebasadas o ausentes.

Cálix explicó que tanto conductores de buses urbanos como taxistas fueron víctimas del cobro por adelantado de las llamadas “rentas”, una práctica que se ha convertido en un gasto fijo y obligatorio para quienes laboran en el rubro del transporte público.

La situación no es nueva. Según datos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), solo en enero de 2025 se reportaron 341 denuncias formales de extorsión, el doble que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, se estima que la cifra real es mucho mayor, ya que muchas víctimas prefieren callar por temor a represalias.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que en 2023 el sector transporte pagó más de 600 millones de lempiras en extorsiones, cifra que se duplicó en 2024, alcanzando los 1,200 millones. Además, 49 conductores fueron asesinados en ese año. En lo que va de 2025, ya se suman nuevas víctimas.

En Honduras, la extorsión ya no se percibe como una emergencia, sino como una rutina perversa. Con precisión casi empresarial, los grupos criminales cobran “cuotas” con base en calendarios, temporadas y contextos, mientras el Estado sigue sin ofrecer soluciones efectivas ni protección real para los más afectados.

La denuncia de Cálix no es aislada, sino una muestra de un sistema criminal sistemático, organizado y profundamente enraizado, que asfixia a los trabajadores del transporte y refleja la impunidad con la que operan las estructuras extorsivas en el país.