Diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos han alzado su voz esta semana en contra de la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público de Honduras (MP) a los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Según manifiestan, se trata de una acción “improcedente” que pone en riesgo la independencia de las instituciones electorales y el proceso democrático en Honduras.

La organización Plataforma Defensores de Honduras ha calificado la medida como “sin fundamento jurídico” y señala que los magistrados actuaron conforme a la Constitución y la Ley Electoral al tomar decisiones el 27 de octubre de 2025. Según su análisis, la acción del MP tendría motivaciones políticas y estaría dirigida a intimidar, paralizar y controlar al TJE antes de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.

Por su parte, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa también hizo público un pronunciamiento en el que advierte contra cualquier intento de sabotear el orden democrático. En su comunicado, instan a los feligreses a ejercer el sufragio libremente y advierten que no reconocerán autoridades que no hayan surgido de un voto legítimo.

La tensión política se acentúa en un momento crítico para el país. El antejuicio se presenta en medio de denuncias de hostigamiento contra la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como en el marco de decisiones institucionales que diversos sectores consideran podrían debilitar el control y supervisión electoral.

El MP acusa a los magistrados de haber dictado una resolución irregular al rechazar una recusación interpuesta en el proceso de inscripción de candidaturas, gracias a la falta de participación de un magistrado suplente. Desde el otro lado, los magistrados y sus defensores argumentan que la actuación fue legítima, conforme al calendario electoral, y que el antejuicio carece de legalidad.

Las organizaciones críticas advierten que, más allá del caso individual, la solicitud de antejuicio puede generar un efecto disuasorio sobre los órganos electorales, minando su autonomía en momentos en que se requiere institucionalidad, transparencia y confianza ciudadana. Según sus declaraciones, el país se enfrenta a “un momento decisivo” donde derechos fundamentales y el mecanismo del voto podrían verse afectados.

En este escenario, las voces de la sociedad civil y grupos religiosos se suman al coro de alerta nacional e internacional sobre la necesidad de defender el Estado de Derecho, asegurar que las instituciones funcionen sin presiones políticas y garantizar que las elecciones se realicen en condiciones de plena libertad y legalidad.