El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Ramón Barrios, admitió públicamente que el caso de la estafa piramidal de la empresa Koriun fue “muy mal manejado” por parte de las instituciones del Gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro.

Barrios, en declaraciones recientes, lamentó que las autoridades no actuaron con prontitud, especialmente el Ministerio Público, que pudo haber presentado un requerimiento fiscal por lavado de activos de manera preventiva. Esto habría permitido, explicó, asegurar los fondos captados por la empresa a través de una orden judicial y frenar la operación antes de que se agravara el daño.

“Fue un caso muy mal manejado. Pudieron presentarle requerimiento fiscal preventivamente por lavado de activos, y el lavado de activos aseguraba ese dinero”, expresó Barrios.

El legislador reconoció también una dejadez institucional que permitió que Koriun continuara operando como comerciante individual, captando millones de lempiras de miles de hondureños, sin que se activaran alertas ni controles financieros adecuados.

“Nos hemos dado cuenta que hay un vacío, porque cómo siguió operando esta empresa y logró captar esa gran cantidad de dinero”, agregó, cuestionando la inoperancia del sistema financiero en este caso.

A pesar de estas críticas, Barrios eximió de responsabilidad a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), al argumentar que Koriun no era una entidad financiera regulada, sino una empresa irregular que captaba y prestaba dinero, por lo tanto, fuera del alcance legal de la CNBS.

“Quiero salvar la responsabilidad de la Comisión de Banca y Seguros porque no pueden intervenir porque se trataba de una empresa irregular”, justificó.

El caso Koriun ha generado fuerte indignación en la sociedad hondureña, tras conocerse que miles de personas fueron estafadas bajo un esquema piramidal, y que las autoridades no actuaron a tiempo a pesar de señales financieras evidentes. Para muchos analistas y afectados, este reconocimiento del oficialismo llega tarde, y exige acciones más contundentes para recuperar los fondos y sancionar a los responsables.

La situación también pone en entredicho la capacidad del Estado para prevenir fraudes financieros masivos, al tiempo que exhibe vacíos legales y de supervisión que deben corregirse con urgencia.