Organizaciones de mujeres en Honduras, articuladas en la plataforma 25 de Noviembre, lanzaron este martes un llamado directo a los cinco aspirantes presidenciales que competirán en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Su petición central es la firma de un pacto social y fiscal que asegure compromisos reales en defensa de los derechos de las mujeres.

El documento, respaldado por múltiples colectivos, subraya la urgencia de garantizar un ambiente libre de violencia política durante la campaña electoral y demanda que los partidos incluyan en sus propuestas principios como igualdad, justicia social, redistribución equitativa de recursos, transparencia y sostenibilidad.

Entre los compromisos exigidos figura la asignación de un 20 % del presupuesto institucional a programas de igualdad, lo que representaría al menos dos millones de dólares anuales para respaldar la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. También plantean la necesidad de reformar la Ley de Presupuesto para incorporar la perspectiva de género, renovar el convenio interinstitucional de Ciudad Mujer, y eliminar impuestos que consideran discriminatorios, como el cobro sobre productos de higiene menstrual.

Las organizaciones solicitan, además, destinar parte del impuesto a bebidas alcohólicas para financiar Casas Refugio y programas de prevención, crear incentivos fiscales a empresas con políticas de igualdad, y suspender beneficios a aquellas que incumplan estos compromisos. Igualmente, reclaman fortalecer los Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres y el Ministerio Público, aprobar una ley contra la violencia política y garantizar la participación paritaria en procesos electorales.

El contexto revela la dimensión del problema: según cifras oficiales, 7,736 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2005 y 2024, con más del 95 % de los casos sin resolver.

A ello se suman más de 73,000 denuncias de violencia contra la mujer entre 2021 y 2023, datos que reflejan la magnitud de la violencia estructural que enfrentan.

Las activistas recalcan que Honduras continúa siendo uno de los entornos “más hostiles para ser mujer”, situación que se agrava en el caso de integrantes de comunidades LGBTIQ+, pueblos originarios o mujeres con discapacidad. Frente a ello, sostienen que el próximo gobierno debe asumir compromisos verificables, más allá de discursos de campaña, para garantizar la vida y dignidad de millones de hondureñas.