El Ministerio Público de Honduras reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad mediante la presentación de varios requerimientos fiscales contra ciudadanos acusados de haber defraudado al Estado, en casos que abarcan delitos de corrupción, lavado de activos, falsificación de documentos y abuso de funciones públicas.

En uno de los casos más relevantes, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó requerimientos fiscales con orden de captura contra ocho personas implicadas en un esquema de fraude y lavado de activos que perjudicó a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) por un monto superior a L 64.6 millones.

Hasta la fecha han sido capturados Susan Tatiana Aguilar Fortín, Héctor Emilio Mejía Rivera y María Débora Guevara.

Las investigaciones señalan que el fraude se ejecutó en 2011, cuando exfuncionarios de Hondutel, en colusión con representantes de empresas extranjeras, manipularon contratos de llamadas internacionales en modalidad prepago.

Esta manipulación permitió a las compañías pagar menos de lo debido, alterando los registros de cobro y reportando montos inferiores a los pactados. A cambio, los involucrados recibieron pagos millonarios mediante transferencias bancarias a nombre de familiares.

En otro caso, el excoordinador del Área Civil de la Procuraduría General de la República (PGR), Óscar Andrés Pineda Suazo, fue acusado por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Se le imputa haber utilizado, tras cesar en su cargo, información confidencial que obtuvo durante su gestión como servidor público.

Asimismo, Fredy Omar Aragón Zacapa, exgerente de la municipalidad de Gracias, Lempira, enfrenta cargos por falsificación de documentos y anticipación de funciones públicas, ya que habría falsificado su título de educación media y su título universitario para acceder al cargo.

Finalmente, se presentó un requerimiento contra Erika Iveth García Laboriel, quien se desempeñaba como Técnica Registral 4.3 en el Registro Nacional de las Personas (RNP), adscrita al Registro Civil de Trujillo, Colón. Se le acusa de falsificación de documento público, por haber alterado la fecha de inscripción de defunción de un ciudadano.

Estos procesos legales forman parte de un esfuerzo sistemático por parte del Ministerio Público para restablecer la legalidad, proteger los recursos del Estado y enviar un mensaje claro contra la impunidad en Honduras.