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El Ministerio Público de Honduras ha puesto en marcha la Operación Nacional IV, una amplia iniciativa a nivel nacional que prioriza la protección del patrimonio cultural, así como la defensa de grupos vulnerables como mujeres, niños y adultos mayores.

Dentro del marco de esta operación, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS), en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), lleva a cabo inspecciones en sitios arqueológicos ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Cortés y El Paraíso. El objetivo es verificar su estado actual, solicitar medidas de conservación y restauración, y asegurar que el patrimonio histórico se mantenga protegido. También se realizan inspecciones en museos, restaurantes y cafeterías que exhiben piezas arqueológicas sin los permisos correspondientes, las cuales serán decomisadas.

En paralelo, la Fiscalía de Protección a la Mujer en Tegucigalpa continúa sus acciones contra la violencia de género, con la presentación de al menos 30 requerimientos fiscales contra hombres acusados de maltrato familiar, violación y quebrantamiento de condena en perjuicio de mujeres.

En cuanto a la niñez, la Fiscalía Especializada y la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) ejecutan operativos en centros nocturnos, con el fin de rescatar a menores de edad en riesgo, especialmente aquellos expuestos al consumo de alcohol o explotación.

La Fiscalía Regional de Occidente, por su parte, tiene previsto presentar más de 40 requerimientos fiscales por delitos como homicidio, estafa y tráfico de drogas, además de realizar 15 allanamientos para capturar a los sospechosos.

Asimismo, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM), junto a diversas instituciones como ARSA, IHTT, DPI y la PMOP, ejecuta operativos en farmacias, mercados, transporte interurbano, restaurantes, gasolineras y tiendas en municipios como Ojojona, Santa Lucía, Talanga y Guaimaca. También se inspeccionan asilos y centros de atención para adultos mayores, con el fin de verificar las condiciones en las que operan. Además, se llevan a cabo capacitaciones dirigidas a jubilados del INPREMA y miembros de la Policía Nacional, enfocadas en el procedimiento para la toma de denuncias y los derechos del consumidor y del adulto mayor.

La Operación Nacional IV reafirma el compromiso del Ministerio Público con la protección integral de la ciudadanía y el resguardo del patrimonio histórico-cultural del país.