El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, aseguró que el reciente caso de fraude en la alcaldía sampedrana refleja solo una fracción de los desfalcos que por décadas han afectado a la institución municipal. Sus declaraciones surgen luego de que un juez dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra diez de los quince acusados de participar en el desvío de 45.5 millones de lempiras mediante contratos fraudulentos.

“Este caso es apenas la punta del iceberg del saqueo que ha sufrido la Municipalidad de San Pedro Sula”, advirtió Santos, señalando que desde 2004 se han perdido miles de millones mientras algunos funcionarios y empresarios disfrutan de fortunas levantadas con dinero público.

El expediente del Ministerio Público indica que el desfalco se habría ejecutado a través de 33 contratos adjudicados a la empresa Constructora HERCOD, que carecía de maquinaria, personal técnico y capacidad real para realizar obras. Incluso, según la investigación, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social solo figuraba como empleada su representante legal, mientras que otras compañías involucradas aparecían domiciliadas en casas particulares, negocios de comida o edificios en construcción.

El caso ha salpicado directamente al círculo familiar del alcalde Roberto Contreras, pues entre los procesados figura su yerno. La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, informó que los acusados fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara, en espera de la audiencia preliminar fijada para el 27 de octubre, aunque las defensas tienen derecho a interponer recursos.

Un testigo protegido reveló que desde las cuentas de HERCOD se pagaban gastos personales, incluyendo la mensualidad de un vehículo que era utilizado por el imputado Steve Fajardo. Para la Fiscalía, este detalle es una muestra más de cómo los recursos municipales terminaron desviados hacia fines particulares, en lugar de invertirse en el desarrollo de la ciudad.

De acuerdo con Santos, los tributos de los sampedranos no se tradujeron en obras, sino en fortunas y proyectos con fachada de legalidad que alimentaron redes de corrupción. “Los impuestos que paga la población no han servido para el progreso de San Pedro Sula, sino para ocultar el origen ilícito de esos fondos”, afirmó el titular de la UFERCO.

La resolución judicial representa un avance en el combate contra la corrupción municipal, pero también abre el debate sobre la magnitud de los saqueos y la urgencia de fortalecer los mecanismos de control en las alcaldías, consideradas por la fiscalía como escenarios recurrentes de enriquecimiento ilícito bajo el amparo de la impunidad.