El exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, aseguró que no existen pruebas de que el Gobierno de los Estados Unidos haya revocado visas a funcionarios hondureños en funciones. Sin embargo, no descartó que una futura administración de Donald Trump pudiera tomar medidas de ese tipo, tal como ocurrió en su anterior mandato.

Durante una entrevista reciente, Vigil explicó que el Departamento de Estado suele filtrar información sobre la revocación o renovación de visas a figuras públicas, especialmente cuando se trata de casos sensibles o de alto perfil. “Es casi imposible mantener en secreto una decisión así, porque siempre hay fuentes internas que la dan a conocer a la prensa”, señaló.

El exagente recordó que en el pasado las sanciones migratorias contra funcionarios y expresidentes de la región se conocieron con rapidez, citando los casos de Ernesto Samper (Colombia), Óscar Arias (Costa Rica) y Gustavo Petro (Colombia). “Si realmente se hubiera retirado la visa a altos funcionarios hondureños, esa información ya habría salido a la luz”, aseguró.

Vigil también rememoró que durante la administración de Donald Trump (2017-2021), Washington sí aplicó restricciones de visa a diversas personalidades políticas de América Latina, entre ellas Vanessa Castro, vicepresidenta del Congreso de Costa Rica, y Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Según el exjefe de la DEA, esos antecedentes muestran que una eventual segunda presidencia de Trump podría retomar políticas más duras hacia gobiernos señalados por corrupción o vínculos con el crimen organizado.

El exfuncionario criticó, además, la propagación de rumores sin sustento sobre supuestas cancelaciones de visas en Honduras. “Muchos se dejan llevar por información de charlatanes que no saben nada y solo buscan fama o generar polémica. Eso confunde a la gente y daña la credibilidad del periodismo”, apuntó.

Para Vigil, cualquier acción diplomática de este tipo se basará en investigaciones formales y no en especulaciones mediáticas. “El retiro de una visa es una decisión política, pero también requiere fundamentos sólidos. Hasta ahora, no hay evidencia de que eso haya ocurrido con funcionarios hondureños”, concluyó.