La designada presidencial y congresista María Antonieta Mejía afirmó este lunes que será el Congreso Nacional el encargado de determinar si se somete a juicio político al fiscal general de la República, en medio de un fuerte debate político sobre el rol y el desempeño de esa institución en el país. La declaración se produce en un ambiente de tensiones entre poderes del Estado y cuestionamientos hacia el Ministerio Público.

Mejía, quien también funge como figura clave del Partido Nacional en el Poder Legislativo, indicó que la decisión final sobre la posible apertura del proceso contra el titular de la Fiscalía deberá ser tomada por el pleno de diputados, tras evaluar los argumentos, la evidencia presentada y las implicaciones jurídicas de una acción de tal magnitud.

El juicio político es una figura constitucional que permite al Congreso Nacional, en determinados casos, investigar y destituir a altos funcionarios públicos cuando existe presunta responsabilidad en delitos o faltas graves en el ejercicio de su función.

Esta figura ya ha sido tema de discusión en otras controversias recientes que han involucrado a autoridades de distintos poderes del Estado.

En los últimos meses, sectores opositores y algunos miembros de la sociedad civil han venido cuestionando la actuación del Fiscal General, señalando posibles irregularidades o sesgos en la persecución de casos sensibles para la clase política y la ciudadanía.

Entre esos señalamientos también ha habido llamados a que el Legislativo ejerza un mayor control político sobre el Ministerio Público, incluida la posibilidad de proceder con una solicitud de juicio político.

Por su parte, diversos analistas constitucionales señalan que para iniciar un juicio político se requiere un proceso formal ante el pleno del Congreso, que incluye la presentación de acusaciones claras, la apertura de una comisión fiscalizadora y, en su caso, votaciones que podrían culminar en la destitución del funcionario si se logra el quórum necesario.

La controversia tiene lugar en un contexto político más amplio, marcado por debates recurrentes sobre la independencia de los poderes públicos y la rendición de cuentas de altos cargos del Estado, mientras sectores sociales demandan transparencia y resultados en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni el fiscal general han emitido una postura oficial sobre las declaraciones de Mejía ni sobre la posibilidad concreta de que el Congreso Nacional inicie un juicio político, por lo que se espera que el tema avance en la agenda legislativa en los próximos días.