El Instituto de la Propiedad (IP) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de la gestión pública al firmar la Adenda No. 01 al Convenio de Regularización y Manejo de Vehículos del Estado, con la cual se busca controlar y transparentar la flota adquirida mediante la Tasa de Seguridad Poblacional.

El acuerdo fue suscrito por el secretario ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra Murcia, y el director de la DNBE, Luis Alonso Sosa Salgado, quienes coincidieron en que este esfuerzo responde a la necesidad de ordenar los registros, reducir la discrecionalidad en el uso de bienes públicos y asegurar que cada vehículo cumpla con la función para la cual fue asignado.

De acuerdo con la adenda, todos los vehículos deberán ser ubicados, inventariados, sometidos a inspección física y registrados tanto en el Sistema Nacional de Bienes del Estado como en el Registro Vehicular del IP. Además, será obligatorio presentar la documentación que respalde su adquisición, incluyendo facturas, resoluciones administrativas y comprobantes de pago de aranceles, lo que permitirá garantizar la trazabilidad y destino institucional de cada unidad.

Otro de los puntos clave es la regularización de matrículas y sanciones pendientes desde la importación de los automotores. Para facilitar este proceso, la normativa contempla la aplicación de la prescripción de multas establecida en el Reglamento del Registro Vehicular, así como la posibilidad de acogerse a la amnistía vigente en materia de sanciones.

Esta iniciativa se enmarca en la visión de la presidenta Xiomara Castro, quien ha reiterado la importancia de consolidar políticas de transparencia, rendición de cuentas y administración eficiente de los recursos públicos. Según autoridades, la incorporación de los vehículos a los registros oficiales permitirá no solo un mejor control administrativo, sino también la detección de posibles irregularidades en el uso de los fondos destinados a seguridad.

La adenda tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, con opción de prórroga mediante acuerdo interinstitucional. De cumplirse a cabalidad, el Estado contará con un inventario depurado y actualizado de la flota vehicular adquirida con la Tasa de Seguridad, cerrando así la puerta a prácticas opacas y fortaleciendo la confianza ciudadana en la gestión gubernamental.

Con este paso, Honduras avanza hacia un modelo de administración pública donde los bienes estatales se gestionan con orden, transparencia y visión a largo plazo, asegurando que cada recurso invertido en nombre de la seguridad de la población tenga un uso correcto y verificable.