La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) fue intervenida este lunes por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como parte de una investigación en curso derivada de denuncias sobre el uso indebido de bienes confiscados por el Estado. La intervención responde a señalamientos realizados por exfuncionarios y por el mismo director actual, Marco Antonio Zelaya.

Zelaya, quien asumió la dirección de la OABI en la actual administración, manifestó que la acción de la ATIC responde a varias líneas de investigación pendientes, muchas de las cuales fueron iniciadas a partir de denuncias formales interpuestas por su gestión sobre irregularidades heredadas de administraciones anteriores.

“Habrá que coordinarnos y entregar documentación para concluir varias líneas de investigación en los próximos días, en conjunto con la OABI y la ATIC”, expresó el director en declaraciones a la prensa.

Zelaya señaló que al asumir el cargo ordenó un inventario general de todos los bienes bajo custodia de la institución, así como la certificación del personal, como medidas iniciales para transparentar la gestión. Sin embargo, reconoció que el proceso reveló múltiples bienes que no figuraban en las listas oficiales de aseguramientos, pero que aun así estaban bajo la administración de la OABI.

“Llevamos un registro de todo lo que estamos haciendo para evitar en el futuro cualquier tipo de responsabilidad con la autoridad”, aseguró el titular de la institución.

Zelaya denunció que en el pasado, incluso estructuras criminales llegaron a infiltrarse en la OABI para adueñarse de bienes de manera fraudulenta. Calificó de preocupante que esta entidad, en administraciones anteriores y cuando estaba bajo la tutela del Ministerio Público, era manejada como si fuera una pulpería, con total desorden y sin mecanismos efectivos de control.

Como respuesta a esta situación, el funcionario informó que está elaborando una propuesta para crear un Instituto Nacional de Bienes Incautados, una nueva entidad que contaría con mayor autonomía legal, mejores herramientas administrativas y un marco normativo más robusto, con el fin de garantizar el uso transparente y legal de los bienes asegurados por el Estado.

La intervención de la OABI representa un punto de inflexión en los esfuerzos por depurar y fortalecer las instituciones encargadas de manejar los activos incautados a estructuras del crimen organizado y a funcionarios corruptos. Se espera que en los próximos días se brinden detalles sobre los hallazgos de la ATIC y el rumbo que tomará la reestructuración institucional.