Las cifras oficiales del retorno de hondureños deportados durante el año 2025 evidencian un patrón persistente de migración forzada, con más de 42 mil compatriotas que habrían regresado al país desde el exterior, principalmente a través de procesos de deportación, según datos preliminares del Instituto Nacional de Migración (INM).

La mayor parte de estos retornos proviene de Estados Unidos, seguido por México y Guatemala, países que tradicionalmente concentran las deportaciones de migrantes hondureños por su posición geográfica en las rutas de movilidad humana.

Estos números no solo reflejan la intensidad de los flujos migratorios irregulares, sino también las condiciones socioeconómicas que impulsan a miles de personas a buscar mejores oportunidades fuera de sus comunidades.

Organizaciones e instituciones que analizan la migración en Honduras han señalado que esta tendencia responde tanto a factores internos, como falta de empleo, pobreza estructural y violencia, como a la aplicación de políticas migratorias más estrictas en los países de destino, que han limitado las opciones para permanecer de manera regular en esos territorios.

El fenómeno no solo afecta a adultos, sino también a niños y adolescentes que son retornados sin acompañamiento o en condiciones vulnerables. Las autoridades hondureñas han reconocido la creciente necesidad de ampliar los mecanismos de atención integral, protección y reinserción que permitan atender las necesidades psicológicas, educativas y de subsistencia de quienes regresan.

El contexto regional de migración irregular refleja además la importancia de iniciativas bilaterales y multilaterales dirigidas a atender las raíces socioeconómicas de la migración, tales como la falta de oportunidades laborales y la inseguridad, que son factores recurrentes en las comunidades con altos índices de migración.

El año 2025 se ha caracterizado por una dinámica de deportaciones que, aunque muestra cierta variación respecto a años anteriores, sigue siendo una carga humanitaria y social significativa para Honduras, que enfrenta el desafío de capacitar y fortalecer sus políticas públicas para la protección, reintegración y desarrollo económico de los retornados.

En este escenario, expertos en migración y organizaciones de derechos humanos han llamado a reforzar programas de apoyo en educación, empleo y servicios sociales, así como a fomentar un diálogo regional que permita abordar de forma más integral las causas estructurales de la migración y los efectos de las deportaciones en las familias y comunidades hondureñas.