Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) fueron promovidas en gobiernos anteriores como regiones autónomas con beneficios fiscales y marcos legales propios para atraer inversión extranjera. Sin embargo, fueron derogadas por el actual gobierno, lo que ha desatado una ola de arbitrajes internacionales bajo tratados de inversión como el DR-CAFTA. Estas disputas podrían tener consecuencias financieras importantes para el país y representan un nuevo frente legal para el Estado hondureño.

El Gobierno de Honduras se alista para enfrentar una nueva demanda internacional presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La acción legal fue interpuesta por una ciudadana estadounidense, quien ampara su reclamo en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

El Procurador General de la República, Manuel Díaz Gáleas, confirmó que la demanda fue registrada el pasado 15 de mayo de 2025 y estaría vinculada a la sede de Ciudad Morazán, una de las zonas anteriormente contempladas bajo el régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).

“Ya estamos al tanto de esta nueva pretensión y le estamos dando el abordaje que hemos brindado al resto de las demandas arbitrales”, afirmó Díaz Gáleas. Además, anunció que el Estado hondureño presentará objeciones de jurisdicción, como en procesos anteriores, y que la Procuraduría continuará firme en la defensa de los intereses nacionales.

La parte demandante está representada por la firma internacional Hogan Lovells US, con sede en Miami. Aunque aún no se ha confirmado públicamente el monto exacto de la demanda, expertos estiman que podría ascender a 100 millones de dólares, equivalentes a unos 2,500 millones de lempiras.

Especialistas en derecho internacional recuerdan que, aunque Honduras denunció su pertenencia al CIADI en 2022, el país sigue expuesto a litigios debido a la vigencia de 24 tratados bilaterales y multilaterales de inversión, los cuales permiten el uso de mecanismos de arbitraje como el propio CIADI.

Este nuevo caso se suma a una creciente lista de demandas contra el Estado hondureño por parte de inversionistas extranjeros, muchos de los cuales alegan perjuicios derivados de la derogación del régimen ZEDE, medida adoptada por el actual gobierno.