Un informe reciente elaborado por medios locales y actores sociales revela que las decisiones de despido masivo de empleados públicos por parte de la administración anterior han dejado una carga histórica de demandas laborales contra el Estado, con cifras que rondan las decenas de miles de casos judiciales abiertos relacionados con despidos de personal estatal.

Varias fuentes reportan que, tras la salida de la pasada gestión gubernamental, unos 32000 trabajadores públicos fueron desligados de sus cargos, lo que derivó en una acumulación aproximada de 18000 demandas laborales interpuestas contra el Estado hondureño a nivel nacional.

Estas demandas se concentran principalmente en procesos por despidos injustificados y violaciones a derechos laborales por parte de distintas dependencias estatales.

Abogados laboralistas y representantes sindicales han calificado esta situación como una “bomba de tiempo” para las finanzas públicas, puesto que el crecimiento de los litigios podría traducirse en indemnizaciones millonarias y un aumento de la mora judicial laboral si no se atienden de forma ordenada y conforme a la ley.

La estructura de la administración pública hondureña ha enfrentado críticas por la forma en que fueron ejecutadas las desvinculaciones sin un debido proceso, lo que ha incentivado la presentación de reclamos judiciales por parte de trabajadores despedidos.

El problema no se reduce al ámbito central del Estado. Autoridades locales, como la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), han advertido que las demandas laborales vinculadas a despidos e incumplimientos de contrato también han provocado embargos y sanciones financieras en varias alcaldías, que ahora ven comprometida su capacidad para ejecutar proyectos y cumplir con el pago de servicios básicos.

Organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han señalado que, en los últimos años, el Estado hondureño ha pagado miles de millones de lempiras en indemnizaciones y compromisos derivados de demandas judiciales la mayoría por despidos injustificados o errores en los procedimientos administrativos lo que ha exacerbado las tensiones entre las necesidades fiscales del país y las responsabilidades laborales pendientes.

La acumulación de casos ha puesto en evidencia la fragilidad de los mecanismos de gestión del empleo público y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las normas de gestión de recursos humanos en el sector estatal, así como de garantizar mayor seguridad jurídica para empleados y empleadores dentro del marco laboral hondureño.

Mientras tanto, sindicatos y abogados preparan estrategias para acompañar y acelerar la resolución de los casos en los tribunales laborales, en un proceso que se prevé largo y con impacto significativo en las cuentas públicas de los próximos años.

Honduras enfrenta así no solo un desafío económico por el costo de las demandas, sino también un debate profundo sobre la forma en que se administran los recursos humanos en el sector público y cómo se resguardan los derechos laborales de los trabajadores del Estado.