El gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció una nueva prórroga del estado de excepción parcial, la número 24 desde que entró en vigor en diciembre de 2022. La medida se mantendrá vigente por 45 días, desde las 6:00 de la tarde del lunes 29 de septiembre hasta el 12 de noviembre de 2025.

El anuncio fue realizado por Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación de la Secretaría de Seguridad, quien aseguró que el decreto ejecutivo PCM-28-2025 permitirá continuar con la lucha contra la criminalidad y las redes de extorsión.

De acuerdo con la Policía Nacional, la estrategia ha permitido:

5,069 detenciones vinculadas a extorsión y delitos conexos.

79,417 detenciones por distintos ilícitos.

22,497 órdenes de captura ejecutadas.

18,840 armas de fuego decomisadas.

Según Martínez Madrid, estos resultados se reflejan en una reducción del 14 % de muertes violentas en comparación con 2024. “Las cifras son alentadoras y muestran que el trabajo policial está dando frutos”, expresó.

A pesar de los números positivos presentados, la medida sigue siendo objeto de debate.

El estado de excepción continúa renovándose únicamente mediante decretos del Poder Ejecutivo publicados en La Gaceta, sin la aprobación del Congreso Nacional, como establece la Constitución. Este vacío legal ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad de la política de seguridad.

Diversos sectores consideran que la extensión permanente de la medida erosiona derechos fundamentales. La diputada Fátima Mena ha señalado que el estado de excepción dejó de ser un instrumento contra el crimen para convertirse en un “mecanismo político de control social”.

Las críticas se centran en que la suspensión de garantías constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la protección contra detenciones arbitrarias impacta de manera directa a comunidades enteras, sin garantizar soluciones estructurales a la violencia.

El estado de excepción fue decretado por primera vez el 6 de diciembre de 2022 bajo el argumento de contener la extorsión y las operaciones del crimen organizado. Desde entonces se ha extendido en 24 ocasiones consecutivas, lo que mantiene a buena parte del territorio hondureño bajo restricciones extraordinarias.

El gobierno defiende la continuidad del plan argumentando que ha permitido recuperar espacios dominados por estructuras criminales y mejorar la percepción de seguridad.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos insisten en que la medida debe revisarse para evitar abusos y encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a las libertades individuales.