A casi un año de su lanzamiento, la Estrategia Cero Deforestación al 2029 de Honduras avanza a paso lento y enfrenta severas deficiencias estructurales. Según un informe presentado este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), únicamente cinco de las 18 acciones contempladas en el plan han sido cumplidas, lo que pone en entredicho la viabilidad de alcanzar las metas establecidas.

El reporte fue divulgado en el marco del Día de la Tierra y del programa de Gobernanza Climática de la ASJ, financiado por Transparencia Internacional y la Waverley Street Foundation.

El análisis destaca la necesidad urgente de replantear el enfoque actual, fortalecer la coordinación institucional y asignar recursos suficientes para salvaguardar los bosques del país.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran el incremento del 114.64 % en incendios forestales en la última década, la pérdida de más de 512,000 hectáreas de bosque de pino debido a plagas, y una creciente reducción de la biodiversidad.

Si bien el gobierno ha anunciado una inversión de L 19 mil millones para proteger zonas como Olancho, la Mosquitia y la Reserva de Biósfera del Río Plátano, la ejecución efectiva de estos fondos sigue sin garantías.

De las 13 acciones restantes, cinco están en proceso y ocho no han registrado avances. Entre las más preocupantes figuran la anulación de títulos de propiedad ilegales en zonas forestales, la regulación de permisos municipales otorgados de forma irregular para el dragado de ríos y tala, y el fortalecimiento de los batallones de protección ambiental, cuyo incremento prometido de hasta 8,000 efectivos no se ha concretado.

Asimismo, aunque se han nombrado jueces especializados, persisten graves limitaciones logísticas y presupuestarias para abordar los casos de delitos ambientales, mientras que la implementación de incentivos forestales continúa sin avances ni claridad legal.

El informe también denuncia que no se han establecido medios de verificación claros para medir los avances, y que los presupuestos nacionales de 2024 y 2025 no contemplan estructuras específicas para esta estrategia.

Los L 1,000 millones prometidos para 2024 no fueron asignados, y el destino de los L 2,000 millones anunciados para este año sigue sin esclarecerse.

La ASJ alerta además sobre una profunda debilidad institucional: el 94 % de los delitos ambientales en 2024 quedaron impunes. Ejemplo de ello es el asesinato del líder ambiental Juan López, ocurrido en septiembre pasado, cuyo caso aún no ha sido resuelto.

Ante esta situación, la ASJ hace un llamado urgente al Estado para rediseñar la estrategia, establecer mecanismos claros de rendición de cuentas, garantizar recursos financieros y humanos, y promover la inclusión de las comunidades locales en la gestión forestal.

También pide priorizar la prevención de incendios, reforzar el marco legal y fomentar prácticas agrícolas sostenibles como parte de una respuesta integral ante la crisis ambiental.