Familia Hernández responde a Pepe Lobo
13 de marzo de 2026
La familia Hernández García emitió este 12 de marzo un comunicado público en el que rechazó de forma categórica los señalamientos del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, quien habría vinculado al exmandatario Juan Orlando Hernández con el asesinato de cuatro jóvenes, entre ellos Said Lóbo. En el pronunciamiento, la familia sostuvo que esas afirmaciones carecen de sustento y recordó que, al momento en que ocurrieron los hechos en julio de 2022, el exgobernante ya se encontraba bajo custodia en una prisión federal de Brooklyn, en Estados Unidos, con vigilancia permanente y comunicación restringida.
El pronunciamiento de la familia Hernández García surge después de declaraciones atribuidas al expresidente Porfirio Lobo Sosa sobre el asesinato de Said Lobo y otros jóvenes. En respuesta, la familia del exmandatario Juan Orlando Hernández difundió un comunicado en Tegucigalpa para negar cualquier vínculo con esos hechos, citar elementos del proceso judicial en Estados Unidos y pedir investigaciones sobre amenazas y documentación relacionada con el caso.
En el documento también se asegura que, para la fecha del crimen, ni la defensa ni el propio Juan Orlando Hernández conocían la identidad de los posibles testigos en el proceso judicial que enfrentaba en Nueva York. La familia señala que fue hasta enero de 2024 cuando la Fiscalía de Estados Unidos presentó formalmente información relacionada con uno de los testigos del caso, lo que, a su juicio, desmonta las versiones que intentan establecer una conexión entre ese proceso y la muerte de Said Lobo. Asimismo, el comunicado cita expresiones atribuidas al juez federal Kevin Castel durante la audiencia de sentencia de junio de 2024, en las que dejó claro que no existían pruebas para responsabilizar a Juan Orlando Hernández o a Tony Hernández de asesinatos mencionados en el proceso.
La familia Hernández García también denunció haber sido objeto de amenazas de muerte desde 2022, presuntamente provenientes de estructuras criminales, y pidió al Ministerio Público investigar tanto esos hechos como los informes vinculados al caso de Said Lobo que, según afirmaron, habrían sido mencionados en audiencias judiciales en Estados Unidos. En la parte final del comunicado, los firmantes expresaron solidaridad con la familia Lobo por la pérdida de su hijo, pero insistieron en que el dolor no puede ser utilizado para sostener acusaciones sin pruebas. Además, responsabilizaron públicamente al expresidente Lobo Sosa por cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de su familia a raíz de esas declaraciones.
