La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, expresó su preocupación sobre la viabilidad financiera del programa anunciado por el gobierno hondureño para asistir a los migrantes deportados.

El plan gubernamental contempla un apoyo económico de 100 dólares por persona para alimentación y 1.000 dólares para emprendimientos, con el objetivo de facilitar la reinserción de los deportados a la sociedad. Sin embargo, Castillo advirtió que el costo total del programa podría ascender a 7,300 millones de lempiras, una cifra que considera insostenible para las finanzas del país.

“Si tomamos en cuenta que hay 261,000 personas con orden de deportación, y cada una recibiría el equivalente a 28,000 lempiras, estamos hablando de un gasto muy elevado para Honduras”, explicó la economista.

Castillo también cuestionó que Honduras asuma el costo de la repatriación, argumentando que debería ser Estados Unidos —como país que realiza las deportaciones— quien corra con esos gastos. “Ni siquiera Estados Unidos suele considerar costos tan elevados en estos procesos. Honduras es un país pequeño para asumir un compromiso financiero de esta magnitud”, afirmó.

Por otro lado, la economista destacó la importancia de generar empleos como una alternativa sostenible para la reinserción de los deportados. “El sector privado debería ser el principal generador de empleo. Esperamos que esta opción sea viable y que se fomente la creación de puestos de trabajo, pues las empresas son las que más empleo generan en el país”, concluyó.