El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), logró una sentencia condenatoria contra Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), y Alex Alberto Morales Girón, exadministrador, por el delito de malversación de caudales públicos en calidad de autores.

El caso, relacionado con irregularidades ocurridas en marzo de 2021, expuso que ambos exfuncionarios ordenaron y ejecutaron el alojamiento de empleados de INVEST-H en un hotel de lujo en Tegucigalpa, con un costo de 100,000 lempiras, bajo el argumento de cumplir protocolos de bioseguridad. tras una gira de trabajo relacionada con los hospitales móviles adquiridos en Turquía.

Las investigaciones revelaron que, pese a no haber tenido contacto directo con pacientes de COVID-19, los empleados beneficiarios fueron hospedados en el hotel, a pesar de que ya existía un centro de aislamiento habilitado en la Villa Olímpica de Tegucigalpa. Este gasto, carente de justificación legítima, constituyó un mal manejo de los fondos destinados a la atención de la emergencia sanitaria.

El Tribunal de Sentencia, Sala V, convocó la audiencia de individualización de la pena para el lunes 27 de enero de 2025, a las 9:00 am, en la cual se determinará la condena que deberán cumplir Marco Bográn y Alex Morales.

El caso de los hospitales móviles adquiridos por Invest-H durante la pandemia del COVID-19 ha sido objeto de múltiples investigaciones y controversias por presuntos actos de corrupción. La condena contra Bográn y Morales refuerza los esfuerzos del MP para combatir la malversación de fondos públicos en el contexto de la emergencia sanitaria, un hecho que indignó a la ciudadanía hondureña.

La sentencia condenatoria marca un precedente en la lucha contra la corrupción en Honduras, destacando la importancia de la vigilancia ciudadana y la acción judicial para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente en tiempos de crisis como los vividos durante la pandemia.

El Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar y procesar a quienes desvíen recursos destinados al bienestar de la población, en un esfuerzo por devolver la confianza en las instituciones del Estado.