La Policía Nacional de Honduras anunció un aumento en la recompensa por información que lleve a la captura del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, acusado de participar en el asesinato del joven Isis Obed Murillo durante los disturbios ocurridos tras el golpe de Estado de 2009.

La recompensa pasó de 30 a 35 millones de lempiras (unos 1,3 millones de dólares), convirtiéndose en una de las más altas ofrecidas por el Estado hondureño. La medida busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la captura de uno de los fugitivos más buscados del país.

Vásquez Velásquez, quien encabezó el alto mando militar durante la destitución del expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, se encuentra prófugo de la justicia desde marzo de este año, cuando la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó su arresto domiciliario y ordenó su regreso a prisión.

El Ministerio Público acusa al exmilitar, junto con los generales Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, por el asesinato de Isis Obed Murillo y el intento de homicidio de Alex Roberto Zavala, ambos simpatizantes del entonces mandatario Zelaya. Murillo falleció el 5 de julio de 2009 tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente de un fusil militar, durante una manifestación en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.

Mientras Cervantes y Puerto se entregaron a las autoridades en marzo, Vásquez no se presentó ante la justicia y desde entonces se desconoce su paradero. La Fiscalía ha procedido a incautar varios de sus bienes como parte del proceso penal en su contra.

El exjefe militar ha aparecido en videos difundidos en redes sociales, donde acusa al sistema judicial hondureño de persecución política y lanza señalamientos directos contra el expresidente Zelaya, actual coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) y esposo de la presidenta Xiomara Castro. En sus mensajes, Vásquez sostiene que las acusaciones en su contra buscan “vengar hechos del pasado” y ha cuestionado abiertamente la imparcialidad del Ministerio Público.

La Policía Nacional mantiene su nombre en la lista de los diez hondureños más buscados, junto a otros prófugos de alto perfil, como Yulan Adonay Archaga, alias “El Porky”, presunto cabecilla de la pandilla MS-13. Archaga, quien escapó de un juzgado en 2020, también tiene una recompensa internacional de 5 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, debido a su presunta participación en narcotráfico, lavado de activos y asesinatos.

El caso de Romeo Vásquez se enmarca en el contexto de los procesos judiciales pendientes por violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado de 2009, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al entonces presidente Zelaya. El hecho marcó una de las etapas más turbulentas de la historia reciente del país, con decenas de denuncias de represión, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

Fuentes del Ministerio Público aseguran que la investigación sigue abierta y que la recompensa aumentada responde al interés de reforzar la búsqueda internacional de Vásquez, quien podría haber salido del país mediante redes de apoyo.

La decisión también se da en un contexto político sensible, con tensiones entre el oficialismo y la oposición por los casos judiciales vinculados a figuras del pasado militar. El aumento de la recompensa refleja, según expertos, un esfuerzo por demostrar la voluntad del Estado de avanzar en procesos de justicia pendientes desde el golpe, un tema que aún divide profundamente a la sociedad hondureña.

Con este nuevo monto, las autoridades esperan obtener información que permita dar con el paradero del exgeneral y llevarlo nuevamente ante los tribunales. Entretanto, la figura de Romeo Vásquez sigue siendo símbolo de un capítulo inconcluso de la historia política de Honduras, marcado por la impunidad, la división y la búsqueda de justicia 16 años después de los hechos.