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EE.UU. Incluye a tres hondureños en la Lista Engel por corrupción y prácticas antidemocráticas

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28 de diciembre de 2024

28 de diciembre de 2024

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una nueva edición de la Lista Engel, que identifica a actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica. Entre los señalados figuran tres hondureños, incluyendo a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

 

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, afirmó que este informe busca promover la rendición de cuentas y la transparencia en la región. Nichols declaró:

 

"Cuando las personas no pueden confiar en sus instituciones, buscan oportunidades en otros lugares. El informe de hoy sobre actores corruptos y antidemocráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua exponen a las personas que socavan el Estado de Derecho".

 

Los tres hondureños señalados

 

1. Sonia Marlina Dubón: Magistrada de la CSJ adscrita a la Sala Constitucional. Según el Departamento de Estado, utilizó sus poderes para debilitar el Estado de Derecho, afectando los procesos democráticos en el país. Dubón es esposa del asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien ya había sido incluido en la Lista Engel en 2022.

 

2. Ebal Jair Díaz Lupian: Exsecretario de la Presidencia durante la administración de Juan Orlando Hernández. Se le acusa de corrupción significativa por apropiarse de fondos públicos destinados a viviendas para los afectados por los huracanes Eta e Iota. Díaz, ahora nacionalizado nicaragüense, enfrenta un requerimiento fiscal en Honduras por fraude relacionado con el proyecto "Casas Contenedores".

 

3. Lourdes Pamela Blanco Luque: Abogada privada acusada de utilizar sus conexiones con funcionarios gubernamentales para ejercer influencia y presionar a favor de sus intereses. Blanco es esposa de Tomás Vaquero Morris, actual secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización en el gobierno de Xiomara Castro.

 

La lista incluye además dos personas de El Salvador, dos de Guatemala y veinte de Nicaragua. Según el informe, los señalados han participado en acciones que:

 

Socavan los procesos o instituciones democráticas.

Representan corrupción significativa.

Obstruyen investigaciones relacionadas con corrupción.

 

El informe, presentado ante comités clave del Congreso estadounidense, tiene serias implicaciones para los incluidos. Entre las consecuencias destacan la prohibición de entrada a Estados Unidos y posibles sanciones adicionales.

Nichols destacó la importancia de la transparencia como herramienta para frenar la corrupción y fortalecer la democracia en la región:

"Este reporte es un paso hacia la rendición de cuentas que las poblaciones merecen".

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