En el contexto de la reciente cumbre internacional celebrada en Estados Unidos, altos representantes de Honduras destacaron que la reunión ha generado oportunidades para impulsar nuevas iniciativas dirigidas a enfrentar la criminalidad y la extorsión en el país.

La cita, conocida como “Escudo de las Américas”, convocó a líderes regionales para dialogar sobre estrategias coordinadas que puedan fortalecer la seguridad y el combate al crimen organizado en todo el hemisferio.

La cumbre “Escudo de las Américas” se llevó a cabo en marzo de 2026 en Florida (Estados Unidos) bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump, y reunió a decenas de mandatarios y representantes de América Latina y el Caribe para abordar, entre otros temas, la cooperación en materia de seguridad y el combate al crimen transnacional.

El encuentro forma parte de un esfuerzo regional por reforzar mecanismos de inteligencia compartida, operaciones conjuntas y estrategias coordinadas para hacer frente a cárteles de droga, redes criminales y otros delitos que trascienden fronteras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, afirmó que uno de los mensajes más relevantes del encuentro fue la necesidad de unir esfuerzos continentales contra la delincuencia, el narcotráfico y la extorsión, problemáticas que han afectado profundamente la vida de muchas familias hondureñas.

Según explicó, este acercamiento internacional podría traducirse en propuestas concretas que el Poder Legislativo y el Ejecutivo deberán estudiar, legislar y ejecutar en los próximos meses para reforzar las capacidades de las instituciones de justicia y seguridad.

El líder del Congreso enfatizó que la lucha contra la extorsión que es considerada una de las principales causas de inseguridad y de impacto económico para ciudadanos y empresarios exige no solo acciones internas, sino también respaldo y coordinación con países hermanos que enfrentan desafíos similares.

Además, resaltó que Honduras busca aprovechar estos espacios multilaterales para atraer inversiones, mejorar condiciones económicas y fortalecer el clima de seguridad jurídica, lo cual podría beneficiar la competitividad del país y su integración en cadenas productivas regionales.