La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras definió la conformación de las Cortes de Apelaciones que conocerán procesos judiciales contra actuales y exfuncionarios del Estado.

La decisión fue tomada por unanimidad del pleno de magistrados, en un esfuerzo por garantizar imparcialidad, respeto al debido proceso y mayor celeridad en causas de alto perfil.

Los nombramientos se producen en el marco de expedientes sensibles que involucran a exautoridades de Casa Presidencial, exalcaldes, diputados y exfuncionarios de instituciones como el Fondo Vial, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Procuraduría General de la República.

Exfuncionarios de Casa Presidencial: vinculados a contratos de publicidad con empresas de fachada, la Corte de Apelaciones estará a cargo de la magistrada Rubenia Galeano, junto a los magistrados Felipe Speer y Marvin Espinal.

Caso del exalcalde capitalino Nasry “Tito” Asfura y Nilvia Castillo: el tribunal será integrado por las magistradas Anny Belinda Ochoa y Odalis Aleida Nájera, además del magistrado Ray Pineda Castro.

Proceso contra la diputada Gladys Aurora López: los recursos serán conocidos por Wagner Vallecillo, Isbela Bustillo y Aida Patricia Martínez.

Exfuncionarios del Fondo Vial (adscrito a la extinta SOPTRAVI): el tribunal quedó conformado por los magistrados Walter Miranda, Felipe Speer y la magistrada Francisca Villela.

Causa contra exfuncionarios de la Procuraduría, del desaparecido FHIS y el actual diputado Nelson Márquez: designados los magistrados Milton Jiménez Puerto, Ricardo Pineda y la magistrada Gaudy Bustillo.

Diputada Ariana Melissa Banegas: conocerán los recursos los magistrados Luis Fernando Padilla y Nelson Mairena, junto con la magistrada Sonia Marlina Dubón.

Con esta decisión, las Cortes de Apelaciones quedan facultadas para revisar los recursos que las partes procesales interpongan tras la resolución de la audiencia inicial emitida por jueces de letras designados. La medida busca dar mayor transparencia a procesos judiciales que han despertado atención pública por la relevancia política de los acusados.

La CSJ subrayó que los nombramientos responden a la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema de justicia y enviar un mensaje de imparcialidad en la atención de casos que involucran a funcionarios de alto rango, tanto del pasado como del presente.