La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras notificó este miércoles la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) contra la prolongada aplicación del estado de excepción decretado por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2022.

El recurso, presentado el pasado 5 de febrero por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de ASJ, impugna la suspensión sistemática de garantías constitucionales mediante los decretos ejecutivos que van desde el PCM-29-2022 hasta el PCM-30-2025.

La organización sostiene que tales decretos han vulnerado derechos fundamentales como la libertad de asociación y reunión, la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio —este último, con la autorización de allanamientos sin orden judicial y en cualquier horario.

Desde su implementación, el estado de excepción ha sido prorrogado en 20 ocasiones, acumulando más de dos años de suspensión de derechos sin resultados sostenibles en la lucha contra el crimen organizado, según señalan organizaciones nacionales e internacionales.

ASJ argumenta que el uso continuo del estado de excepción no solo ha excedido el límite legal de 45 días establecido por el artículo 187 de la Constitución, sino que además sólo una de las 18 declaratorias cumplió con el procedimiento de ratificación legislativa requerido, lo que hace que las restantes sean consideradas ilegales.

En representación de ASJ, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia, y Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia, se presentaron en la CSJ para notificarse de la admisión del recurso.

Para Castañeda, la decisión de la Sala de lo Constitucional representa un avance en la defensa del orden democrático:

“La decisión de la Sala de admitir nuestro recurso evidencia la importancia de revisar la legalidad de la suspensión prolongada de derechos fundamentales. El artículo 187 establece límites claros que deben respetarse para proteger las libertades ciudadanas”.

Castañeda también advirtió que mantener el estado de excepción sin la debida ratificación del Congreso Nacional constituye una violación grave a la Constitución y pone en riesgo el Estado de derecho.

La Sala de lo Constitucional deberá ahora analizar el fondo del recurso y determinar si los decretos impugnados se ajustan al marco constitucional hondureño y a los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país.

La prolongación del estado de excepción ha sido señalada como motivo de preocupación por diversos sectores sociales, quienes insisten en que no se han observado mejoras significativas en la seguridad ciudadana, mientras se restringen derechos básicos de la población. ASJ confía en que el proceso se resuelva con imparcialidad y se restablezca el pleno ejercicio de las garantías fundamentales.