El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, respondió públicamente a las acusaciones que rodean a su yerno, Steve Fajardo, señalado por el Ministerio Público (MP) de formar parte de una presunta red de corrupción que habría defraudado más de 45.5 millones de lempiras a la municipalidad.

Contreras aseguró que no teme ser investigado, siempre que el proceso se realice con imparcialidad y apego a la ley. “Estoy dispuesto a que me investiguen. Todos mis bienes los he obtenido con esfuerzo propio, como empresario y emprendedor. No necesito el salario de alcalde, lo dono desde que asumí el cargo”, declaró ante los medios locales.

El edil sampedrano también aclaró que la vivienda donde reside su yerno fue un obsequio personal, desligando el hecho de cualquier vínculo con recursos municipales. Sin embargo, el MP mantiene abierta una investigación que podría incluirlo, aunque las prerrogativas legales impiden que acuda de forma voluntaria a declarar sin una citación formal.

En ese contexto, el fiscal general Johel Zelaya explicó que dichas prerrogativas solo pueden modificarse mediante reformas legislativas. “Las prerrogativas no se renuncian. Si el Congreso quiere cambiarlas, debe reformar la ley”, afirmó.

Contreras fue más allá y denunció una persecución política proveniente —según él— del Partido Libertad y Refundación (Libre), al que acusa de intentar debilitar su liderazgo en la zona norte. “Soy una piedra de tropiezo para sus planes, y por eso buscan desacreditarme”, expresó. Además, advirtió que, si el Partido Liberal triunfa en las elecciones generales del 30 de noviembre, solicitará la destitución del fiscal Zelaya.

El caso contra Fajardo, y otros implicados, gira en torno a 33 contratos adjudicados a la empresa Hercod S. de R.L., destinados al supuesto mejoramiento vial de la ciudad. Las investigaciones apuntan a fraccionamiento de contratos, sobrevaloraciones y pagos injustificados, prácticas que habrían facilitado el desvío millonario de fondos públicos.

Cuatro de los señalados ya enfrentan detención judicial, mientras el Ministerio Público sostiene que posee evidencias técnicas y testimonios sólidos que confirman la existencia de una red de corrupción estructurada.

Entre tanto, Contreras insiste en que el proceso tiene un trasfondo político y exige que se le permita defenderse en condiciones justas, subrayando que su compromiso sigue siendo con los ciudadanos sampedranos y la transparencia en la gestión pública.