El Congreso Nacional de Honduras aprobó una resolución que fija un código de vestimenta obligatorio para todos los diputados y diputadas que participan en las sesiones plenarias y actos oficiales, una decisión que busca reforzar la imagen institucional y el “decoro parlamentario” del Poder Legislativo.

La normativa, avalada en una sesión del pleno este 17 de febrero, detalla los tipos de prendas consideradas adecuados durante las labores legislativas. Para los diputados varones se exige el uso de traje formal completo o pantalón formal con camisa, saco y corbata, mientras que para las diputadas se estipula traje ejecutivo formal, vestido formal o conjunto formal con pantalón o falda.

La resolución también reconoce la posibilidad de que se usen vestimentas tradicionales hondureñas formales, incluidas aquellas representativas de identidades étnicas, siempre que conserven la solemnidad requerida por la función pública.

Quedan expresamente prohibidas prendas informales como jeans, camisetas, ropa deportiva, sandalias no formales y gorras, consideradas incompatibles con la dignidad del pleno.

La medida se da en medio de un debate generado por la posición del diputado Edgardo Casaña, quien en ocasiones anteriores se había negado a retirar la gorra dentro del hemiciclo, desatando controversias sobre la libertad personal frente al protocolo institucional.

El nuevo texto legal establece incluso que los parlamentarios que incumplan el código podrán verse afectados en su participación, ya que la junta directiva del Congreso tiene la potestad de reservarles el uso de la palabra hasta que se ajusten a la norma.

Los promotores de la resolución argumentan que la indumentaria de los legisladores no solo refleja su respeto por la investidura que ostentan, sino que también influye en la percepción ciudadana sobre la seriedad con la que se ejercen las funciones públicas.

Asimismo, sostienen que formalizar esta regla ayuda a evitar discusiones y criterios dispares que surgían en torno a la presentación personal dentro del pleno.

Aunque algunos diputados se opusieron a la formalización de la regulación, considerando que la vestimenta no debería estar sujeta a una imposición específica, la mayoría parlamentaria respaldó la resolución, que ya entró en vigencia tras su aprobación y será supervisada por la junta directiva legislativa.