El pleno del Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa diseñada para reorganizar las finanzas públicas y facilitar medidas extraordinarias con el objetivo de estabilizar la economía nacional.

La iniciativa fue respaldada con 90 votos a favor, superando la mayoría calificada requerida para su aprobación.

Con una mayoría abrumadora, el Poder Legislativo hondureño aprobó una nueva normativa que busca enfrentar la difícil situación fiscal del país mediante la aplicación de medidas extraordinarias en el manejo de las finanzas del Estado.

El proyecto de ley, promovido por la actual administración, recibió el respaldo de varias bancadas después de incorporar ajustes y observaciones que permitieron llegar a un consenso.

El debate en el hemiciclo legislativo fue intenso, pero finalmente diferentes fuerzas políticas, incluyendo las bancadas Liberal, Nacional, Innovación y Unidad y Democracia Cristiana, respaldaron el decreto tras la inclusión de observaciones que ampliaron su alcance y definición.

La bancada de Libertad y Refundación (Libre) se opuso a la aprobación.

Según los principales promotores de la ley, el propósito central de esta normativa es restablecer el equilibrio fiscal, promover un crecimiento económico sostenible y fortalecer el desarrollo humano. Para ello, la legislación declara de interés nacional la racionalización del gasto público y establece un conjunto de medidas fiscales, financieras y administrativas consideradas temporales y excepcionales.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que faculta al Poder Ejecutivo a ejecutar procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones públicas con el fin de optimizar la estructura estatal y disminuir erogaciones presupuestarias.

Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de ajustar servicios o personal en la administración centralizada y desconcentrada, siempre con respeto a las indemnizaciones correspondientes.

La ley también introduce mecanismos para regular los pagos derivados de sentencias firmes contra el Estado, estableciendo que los juzgados deberán notificar a la Tesorería General de la República cuando exista una orden de embargo y que dichos pagos se ajustarán a la disponibilidad presupuestaria sin comprometer servicios públicos básicos ni el pago de salarios.

Los empleados públicos que pudieran verse afectados por procesos de reorganización administrativa recibirán indemnizaciones conforme a la ley, y en caso de rechazo por parte del trabajador, el monto podrá consignarse ante la autoridad competente para evitar incrementos en el pasivo estatal.

La normativa también exige a las entidades estatales presentar informes semestrales al Legislativo sobre las decisiones adoptadas y sus efectos, con el fin de mantener un seguimiento transparente de los avances en la implementación de estas medidas.

El respaldo obtenido por la ley marca un paso importante en los esfuerzos del Gobierno y del Congreso por enfrentar la difícil situación financiera del país, que ha estado marcada por un elevado nivel de obligaciones y embargos que afectan a la caja del Estado.

Sus impulsores aseguran que, a través de estas reformas, se podrá sanear la gestión económica, fortalecer la institucionalidad y abrir espacios para la inversión y el bienestar social.