El Congreso Nacional de Honduras dio luz verde a la Ley Especial de Emergencia Vial, una normativa aprobada por unanimidad que declara la situación de emergencia en la infraestructura carretera del país con el propósito de atender de manera inmediata el deterioro de las rutas antes del periodo de alta movilidad que representa la Semana Santa 2026.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldada por los legisladores de todas las bancadas, faculta al Gobierno para ejecutar trabajos urgentes de mantenimiento, rehabilitación y control de la red vial nacional durante un año, con posibilidad de prórroga mediante nueva decisión del Legislativo.

Entre las acciones previstas se encuentran operativos de bacheo provisional, reparación de tramos críticos, señalización, dragado de ríos y quebradas, y la construcción o ampliación de puentes en puntos estratégicos del país. Estas intervenciones priorizarán corredores con mayor flujo vehicular, rutas turísticas y accesos productivos.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, destacó que la adopción de esta ley responde a una demanda persistente de la población, que ha señalado el mal estado de las carreteras como uno de los principales problemas en departamentos de todo el territorio.

Señaló que el decreto representa un paso inicial para la mejora integral de la infraestructura y anticipó que, con la aprobación del Presupuesto General de la República, se podrá proyectar la construcción de nuevas rutas.

Dentro del alcance de la ley, también está la compra y entrega de maquinaria pesada a 100 municipalidades, sin distinción política, con el objetivo de fortalecer la capacidad local para el mantenimiento de caminos urbanos, rurales y productivos.

Aunque la norma fue aprobada con amplio apoyo, algunos diputados hicieron observaciones sobre mecanismos de control y transparencia en los procesos que se habilitarán. No obstante, el consenso general en el Legislativo fue que la situación de la red vial exige una respuesta urgente, especialmente antes del inicio de la temporada turística y vacacional.

Con esta nueva legislación, las autoridades buscan reducir accidentes de tránsito, mejorar la conectividad entre comunidades y dinamizar la economía interna al facilitar un tránsito seguro y eficiente durante una de las épocas con mayor movimiento de personas en el país.