La construcción del embalse El Tablón, proyectado como una solución para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula, enfrenta un fuerte rechazo por parte de los pobladores de Quimistán, Santa Bárbara, mientras cuenta con el respaldo de sectores empresariales como la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

El presidente de la CCIC, Karin Qubain, defendió el proyecto al calificarlo como una “obra de país” que podría salvar vidas y proteger hasta el 85% del área que rodea el río Chamelecón. Mencionó que la Unión Europea ha mostrado interés en apoyar la represa y comparó su impacto potencial con el de El Cajón, argumentando que El Tablón permitiría reducir los daños por inundaciones de 40,000 a apenas 2,000 viviendas, incluso bajo condiciones similares a las causadas por las tormentas Eta e Iota.

Qubain también insistió en que el proyecto debe garantizar la indemnización adecuada para los afectados, y que se trata de una obra pensada para proteger tanto a las personas como al motor productivo del país.

Sin embargo, desde las comunidades afectadas, el mensaje es claro: “No a la represa de El Tablón”. Así lo manifestó el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, quien participó como observador en una asamblea comunitaria celebrada recientemente.

Maldonado explicó que en el encuentro se cuestionó la falta de socialización oficial del proyecto, a pesar de que se ha anunciado su inminente inicio por parte del gobierno de Xiomara Castro. La comunidad lamentó que ninguno de los principales funcionarios invitados haya asistido a la reunión, y acusó al alcalde de Quimistán, militante del partido LIBRE, de no representar adecuadamente los intereses locales.

La asamblea, integrada por pobladores de diferentes sectores, ratificó su oposición rotunda a la construcción de la represa, en defensa de sus tierras, medios de vida y derecho a ser consultados. El conflicto refleja una tensión creciente entre proyectos de infraestructura de interés nacional y las demandas locales por transparencia, justicia ambiental y participación ciudadana.