La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), en alianza con la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y con el acompañamiento del Congreso Nacional, lanzó este miércoles el programa “Nueva Generación Legislativa”, una iniciativa de formación dirigida a los diputados que integran la nueva legislatura.

Con el inicio de una nueva legislatura y tras evaluaciones críticas sobre el desempeño reciente del Congreso Nacional, sectores de la sociedad civil y la academia han insistido en la necesidad de fortalecer la capacidad técnica, la transparencia y el liderazgo político de los diputados.

En ese escenario, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó una iniciativa formativa acompañada de propuestas de reforma orientadas a modernizar el funcionamiento del Poder Legislativo hondureño.

El proyecto busca fortalecer las capacidades de liderazgo, el conocimiento técnico y el diálogo democrático de los parlamentarios, con el objetivo de contribuir a un Congreso más profesional, transparente y enfocado en el interés público. El proceso formativo tendrá una duración de 12 semanas y otorgará una credencial académica en temas de incidencia, gobernanza y control legislativo a quienes completen el programa.

La puesta en marcha de la iniciativa fue formalizada mediante la firma de una carta de compromiso suscrita por la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano; la rectora de Unitec, Rosalpina Rodríguez; y el director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, quienes coincidieron en la necesidad de elevar los estándares de la labor parlamentaria.

En el marco del lanzamiento, ASJ entregó al Congreso Nacional un conjunto de documentos que incluyen un diagnóstico sobre la gestión legislativa del período 2022-2026, así como propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y un anteproyecto de ley para regular el uso y la liquidación de subsidios y subvenciones legislativas.

Según la evaluación presentada por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, pese a que entre 2022 y 2025 el Congreso contó con un presupuesto superior a los 5,900 millones de lempiras, los resultados legislativos y el cumplimiento de obligaciones institucionales fueron considerados deficientes.

Este análisis sirvió como base para plantear reformas orientadas a la democratización de la Junta Directiva y las comisiones, la regulación del tiempo de debate y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.

Entre las medidas propuestas destacan la publicación obligatoria de agendas, actas, votaciones y asistencias, así como la vinculación de la remuneración de los diputados a su asistencia y desempeño efectivo. Además, ASJ planteó la eliminación del fondo social departamental y la creación de un marco legal que evite prácticas de clientelismo y garantice un uso transparente de los recursos públicos.

Con estas acciones, la organización reafirmó su compromiso de contribuir desde la sociedad civil al fortalecimiento institucional del Congreso Nacional, promoviendo mayor transparencia, control ciudadano y eficiencia en el uso de los fondos del Estado en beneficio de la población.