A pesar de que el cambio climático ha sido una prioridad discursiva del gobierno de Xiomara Castro, las acciones en materia ambiental muestran serias contradicciones, según denunció este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) durante la presentación del informe Estado de país: Cambio climático. El documento, quinta entrega de una serie que monitorea sectores clave del desarrollo nacional, expone severas inconsistencias entre el discurso oficial y la gestión ambiental efectiva en Honduras.

El informe revela que entre 2013 y 2024, un 77 % de los incendios forestales fueron provocados intencionalmente, pero más del 90 % de los delitos ambientales quedan impunes. En 2024 se reportaron 3,170 incendios forestales que destruyeron 296,789 hectáreas de tierra, afectando especialmente a los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Gracias a Dios.

Además de la crisis forestal, el impacto de la tormenta Sara afectó a más de 250,000 personas, causando daños en sistemas de agua potable, infraestructura vial y producción agrícola. Las altas temperaturas en abril dejaron al menos nueve personas fallecidas, principalmente en la zona sur del país, mientras que el 3 de mayo, Honduras registró el peor índice de contaminación del aire en América, con una pérdida estimada de 2.2 años en la esperanza de vida debido a la mala calidad del aire.

A pesar de que el gobierno destinó 3,103 millones de lempiras a programas de reforestación y adoptó compromisos internacionales como el Acuerdo de París, la ejecución de esas metas ha sido insuficiente. El país debería restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosque entre 2025 y 2030, pero hasta 2024 solo se han reforestado 62,500 hectáreas, apenas un 4.8 % del objetivo.

Incluso con la declaración de emergencia ambiental y la implementación de la Estrategia Cero Deforestación al 2029, solo se han cumplido 5 de las 18 acciones previstas en su primer año. A esto se suma la propuesta gubernamental de construir una cárcel en zonas protegidas, lo que generó rechazo social y fue visto como un acto de ecocidio, afectando la credibilidad de la política ambiental del gobierno.

En el ámbito judicial, la situación es crítica: de 966 delitos ambientales denunciados en 2024, solo 56 obtuvieron sentencia, lo que refleja una impunidad del 94 %. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente ha operado con solo el 0.6 % del presupuesto del Ministerio Público en los últimos cinco años. El asesinato del defensor ambiental Juan López, en septiembre de 2024, subraya los peligros que enfrentan los ambientalistas, mientras que aún no se ha identificado a los autores intelectuales del crimen.

Ante este panorama, la ASJ hace un llamado urgente al gobierno para que fortalezca las políticas de conservación y reforestación, garantice la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y sociedad civil, y refuerce el sistema judicial para combatir eficazmente la impunidad ambiental.