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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), junto a más de mil ciudadanos, presentó este lunes una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público, por el presunto delito de malversación de caudales públicos y violación de deberes del funcionario público contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar.

El caso involucra la entrega irregular de más de 5.6 millones de lempiras del nuevo fondo departamental, presuntamente utilizados para proselitismo político en 15 municipios de Copán. La ASJ alerta sobre una práctica repetida de clientelismo en la administración de fondos similares desde 2022.

Según la denuncia, basada en un análisis del centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de ASJ, se identificó que entre octubre y diciembre de 2024, Sedesol entregó más de L 5.6 millones a 65 supuestos beneficiarios a través de programas de emprendimiento, educación y mejora de vivienda. Sin embargo, se encontró que los fondos fueron utilizados para actividades partidarias en Copán, incluyendo la entrega de carpas, equipos de sonido, kits de sublimado y mobiliario para coordinaciones políticas del Partido Libre.

La mayoría de los cheques oscilaron entre L 100,000 y L 160,000 y se emitieron sin respaldo técnico, evaluaciones sociales ni expedientes formales. Además, al menos 19 de los beneficiarios identificados tienen vínculos personales o políticos con la diputada Cuéllar, como candidatos a alcaldías, empleados públicos y contratistas.

Los recursos entregados provienen del fondo departamental aprobado por el actual gobierno, con un presupuesto de L 950 millones para 2025, que incluye remanentes del ejercicio fiscal 2024. Según la denuncia, estos fondos fueron aplicados en clara desviación de su objetivo legal, sin cumplir con los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto ni los mecanismos de verificación de vulnerabilidad de los supuestos beneficiarios.

ASJ sostiene que esta conducta no puede considerarse un simple error administrativo, ya que las normas presupuestarias son claras, públicas y obligatorias, lo que permite inferir un posible dolo o negligencia grave. Asimismo, denunció que este patrón se ha repetido entre 2022 y 2024, afectando más de L 3,000 millones distribuidos por más de 70 diputados del Congreso Nacional bajo esquemas similares.

La organización solicita al Ministerio Público que admita la denuncia e inicie una investigación formal contra la diputada Isis Cuéllar, el exministro José Carlos Cardona y demás funcionarios involucrados, conforme a los artículos 475, 476, 478 y 349-357 del Código Penal de Honduras, por delitos como malversación, uso indebido de bienes del Estado y violación de deberes públicos.

El caso abre nuevamente el debate sobre el uso clientelista de programas sociales financiados con fondos públicos y la urgente necesidad de establecer mecanismos más transparentes y fiscalizables en su ejecución.