Asfura elimina escoltas y sirenas para funcionarios
9 de febrero de 2026
El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, ordenó una reestructuración en el uso de recursos de seguridad del Estado que pondrá fin a la práctica de asignar escoltas, sirenas y caravanas oficiales a funcionarios públicos que no cumplen funciones estrictamente necesarias para ese nivel de protección. La decisión fue anunciada como parte de una estrategia para optimizar el uso de los recursos públicos y priorizar la seguridad ciudadana.
La medida, discutida directamente con el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, implica que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dejarán de ofrecer protección permanente a autoridades y funcionarios, quienes deberán desplazarse por las calles del país como hace cualquier ciudadano común, enfrentando el tráfico y organizando sus traslados con anticipación.
Asfura calificó la eliminación de estos privilegios como un gesto de respeto hacia la población, al señalar que el uso de sirenas y escoltas en el tránsito urbano no solo afecta la movilidad, sino que también genera una percepción de trato desigual en un país donde gran parte de la ciudadanía enfrenta diariamente dificultades similares. “Nada de sirenas ni motorizadas, porque de cierta manera son humillantes hacia la ciudadanía cuando andamos en las vías públicas”, afirmó el mandatario en sus declaraciones.
El presidente también anunció que la reducción de escoltas se aplica incluso a su propio esquema de seguridad, y que él optará por financiar su protección personal con recursos privados, sin utilizar fondos del Estado.
Según Asfura, este cambio forma parte de un esfuerzo más amplio por recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y destinar más atención y capacidades de las fuerzas de seguridad a proteger a la población en general.
La eliminación de estas prácticas ha sido recibida con interés en distintos sectores de la sociedad, al representar un giro en la manera tradicional en que se ha aplicado la seguridad oficial en Honduras.
Observadores sostienen que el enfoque podría marcar un precedente en el manejo del gasto público y la relación entre autoridades y ciudadanos, aunque también señalan que su implementación deberá acompañarse de políticas claras que garanticen seguridad efectiva para todos.
El cambio se da en el contexto de una administración que ha expresado énfasis en la austeridad en el gasto estatal y la priorización de servicios básicos, en medio de desafíos fiscales y sociales que Honduras enfrenta en 2026.
El presidente ha insistido en que los recursos del Estado deben invertirse con responsabilidad y orientarse a resultados tangibles en beneficio de la población, en lugar de ser utilizados en beneficios que percibe como privilegios.
