Alerta fiscal: el pago de salarios en el sector público rebasa el servicio de la deuda en Honduras
6 de agosto de 2025
El economista hondureño Martín Barahona ha lanzado una seria advertencia sobre la situación fiscal del país, al confirmar que el Estado está destinando más recursos al pago de salarios de empleados públicos que al cumplimiento de sus compromisos con la deuda externa e interna. Esta tendencia, según el experto, pone en entredicho la sostenibilidad financiera nacional.
Barahona reveló que actualmente se desembolsan más de 100 mil millones de lempiras anuales en concepto de sueldos y salarios para alrededor de 250,000 empleados públicos, una cifra que ya supera los cerca de 70 mil millones de lempiras destinados al servicio de la deuda.
“El gasto corriente, especialmente el relacionado con la planilla estatal, se ha convertido en uno de los grandes retos estructurales del país. El problema es que esta carga impide destinar recursos a áreas fundamentales como infraestructura, salud y educación”, explicó.
El economista calificó este comportamiento del gasto como insostenible, y lo atribuye a un crecimiento desordenado del aparato estatal y la ausencia de mecanismos efectivos de control administrativo. Indicó que en comparación con otros países de la región, la proporción del gasto en salarios es significativamente más alta, lo que deja poco margen para inversión pública productiva.
Barahona insistió en la urgencia de una revisión técnica profunda del gasto corriente, incluyendo un diagnóstico serio sobre la funcionalidad y eficiencia de la administración pública. A su criterio, el país necesita implementar reformas orientadas a modernizar la gestión del empleo público, sin recurrir a despidos masivos, pero sí ajustando procesos, estructuras y prioridades.
“Si no se corrige esta tendencia, las finanzas públicas entrarán en una etapa crítica que comprometerá el desarrollo nacional”, concluyó.
El análisis del experto se da en un contexto donde las discusiones sobre reforma del Estado, eficiencia del gasto y calidad del servicio público comienzan a ganar espacio en la agenda nacional, presionadas por la necesidad de garantizar estabilidad económica a mediano y largo plazo.
