Las 298 municipalidades de Honduras se mantienen en alerta mientras el Gobierno Central trabaja en un reajuste del Presupuesto General de la República para 2026, con la expectativa de que cumpla con la entrega del 11 % de los ingresos al régimen municipal, tal como lo establece la Ley de Municipalidades vigente desde 2015.

Representantes del municipalismo han señalado que las administraciones anteriores no respetaron ese porcentaje, lo que generó una deuda histórica con los gobiernos locales al limitar los recursos disponibles para servicios públicos, infraestructura y proyectos comunitarios. Según dirigentes de mancomunidades municipales, como la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida (MAMUCA), estas transferencias son esenciales para que las alcaldías puedan continuar con la ejecución de iniciativas en sus localidades.

Se explicó que el porcentaje de transferencias responde a criterios establecidos por ley, donde el 50 % se reparte de manera equitativa entre todas las alcaldías, mientras que el 20 % se asigna según población proyectada y el 30 % restante toma en cuenta indicadores de pobreza en cada municipio, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Autoridades municipales han manifestado que el cumplimiento de este artículo legal permitirá fortalecer las finanzas locales, impulsar la prestación de servicios básicos y dinamizar obras públicas que han estado estancadas por la falta de recursos. Asimismo, destacan que un presupuesto ajustado facilitará una mejor planificación financiera para el resto del año fiscal, evitando retrasos en inversiones clave para sus comunidades.

Por su parte, el Gobierno ha reconocido la importancia de revisar el plan financiero nacional y ha comenzado a elaborar cambios que deberán ser presentados en Consejo de Ministros y posteriormente enviados al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Esta iniciativa busca no solo cumplir con las obligaciones legales de transferencia a los municipios, sino también atender las obligaciones pendientes de años anteriores y ajustar prioridades de gasto en un contexto de retos fiscales.

La atención a estas demandas llega en un momento en que el país encara presiones económicas y la necesidad de ordenar el gasto público, tras varios meses en que el presupuesto vigente operó bajo prorrogas, mientras se definían políticas para el ejercicio fiscal de este año. Expertos aseguran que un marco presupuestario claro y oportuno es clave para dar estabilidad financiera y mayor autonomía a las administraciones municipales.