A un mes de las elecciones generales, Honduras se encuentra en un escenario de incertidumbre y tensión política, según el análisis de la socióloga Julieta Castellanos, exrectora de la UNAH.

Las recientes decisiones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la presión de los partidos políticos y la intervención de las Fuerzas Armadas han marcado un panorama complejo que amenaza la normalidad del proceso electoral.

El 28 de octubre, el TJE resolvió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inscriba como candidatos a diputados a Jorge Cálix y Cristian Villalobos, mientras los diputados de oposición realizaron una Sesión Autoconvocada, extendiendo el período ordinario de sesiones del Congreso hasta el 20 de enero de 2026. Sin embargo, el partido Libre, que buscaba controlar el CNE, enfrenta dificultades tras no poder imponer la contratación de los servicios de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para 2,700 centros de votación.

En este contexto, el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas intervinieron en el proceso electoral. El 24 de octubre, durante una reunión del CNE, el Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMC) hizo solicitudes verbales que Castellanos califica de inadecuadas y desproporcionadas, solicitando recibir simultáneamente las actas de las Juntas Receptoras de Votos. La reacción ciudadana fue inmediata, retomando la frase histórica de “Militares a los cuarteles”, mientras que la presidenta Xiomara Castro otorgó facultades adicionales a las FFAA ante el CNE, acción que la experta considera un abuso de poder constitucional.

Los resultados de las elecciones primarias muestran que Libre no logró los objetivos esperados.

En departamentos clave como Cortés y Francisco Morazán, los candidatos de Libre quedaron muy por debajo de sus rivales del Partido Liberal y del Partido Nacional. Según análisis de encuestas de intención de voto, la candidata de Libre, Rixi Moncada, ocupa el tercer lugar en la mayoría de sondeos, lo que pone en riesgo la estrategia de mantener influencia parlamentaria suficiente para negociar el control de instituciones clave como la CSJ, el MP, el TSC y la PGR.

La situación se complica con la crisis institucional del Ministerio Público, que presentó audios que presuntamente involucran a la consejera Cossette López, al diputado Tomás Zambrano y a un oficial de las FFAA en una supuesta conspiración electoral. Castellanos advierte que la investigación internacional especializada será clave para determinar la veracidad de los audios, recordando casos históricos como la investigación de la Comisión de la Verdad de 2010.

Frente a este panorama, la socióloga plantea seis posibles escenarios de cara al 30 de noviembre:

1. Postergación de elecciones por falta de garantías.

2. Resultados negociados, con Libre reteniendo poder parcial.

3. Elecciones bajo presión y amenazas, generando abstencionismo.

4. Retiro de Libre del proceso, lo que provocaría una crisis política.

5. No aceptación de resultados, con múltiples reclamaciones y violencia.

6. Elecciones transparentes y reconocidas, escenario ideal para la estabilidad democrática.

Castellanos concluye que, a 30 días del proceso, ningún escenario puede descartarse, y que la actual crisis es una continuidad de la fractura política de 2009, cuando un sector del Bloque en el Poder rompió las reglas establecidas para consolidar su influencia al margen de la legalidad.

La experta enfatiza la necesidad de instituciones sólidas, ciudadanos vigilantes y políticos responsables para garantizar un proceso electoral seguro y legítimo.