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La construcción de nuevos hospitales en Honduras, presentada como una respuesta a la crisis del sistema sanitario, se ha convertido en un foco de debate tras surgir análisis que ponen en duda su efectividad real, señalando posibles fallas de planificación y un trasfondo político en su ejecución.

El documento “Hospitales o Cálculo político” plantea que estos proyectos no habrían surgido de un diagnóstico técnico integral que priorizara las verdaderas necesidades del sistema de salud, sino como parte de una estrategia de comunicación orientada a mostrar obras visibles ante la población.

Según el análisis, desde el inicio de la actual administración se impulsaron líneas discursivas enfocadas en posicionar acciones concretas de gobierno, entre ellas la construcción de hospitales, como símbolo de gestión. No obstante, expertos advierten que este enfoque puede generar una percepción positiva a corto plazo, sin resolver los problemas estructurales que enfrenta la red hospitalaria.

Además, se cuestiona que la justificación oficial —descongestionar centros como el Hospital Escuela y el Catarino Rivas— no sería suficiente, ya que la construcción de nuevos edificios no garantiza mejoras si no se acompaña de personal médico, equipamiento adecuado y una red de atención fortalecida.

El informe detalla que la inversión destinada a estos proyectos supera los 10 mil millones de lempiras, a lo que se suman más de 3 mil millones adicionales necesarios para su funcionamiento. Esta carga financiera genera preocupación en un contexto donde el sistema de salud ya enfrenta limitaciones presupuestarias y déficit de personal especializado.

Uno de los principales cuestionamientos radica en la ausencia de estudios previos que evaluaran variables clave como el crecimiento poblacional, el perfil epidemiológico, la cobertura actual de los servicios y la distribución geográfica de la atención médica. La omisión de estos análisis, advierte el documento, podría traducirse en decisiones poco eficientes y en la duplicación de servicios en algunas zonas, mientras otras continúan desatendidas.

El caso del hospital de Salamá ha generado especial controversia, al plantearse que la inversión no corresponde con la cantidad de habitantes que se beneficiarán. En contraste, municipios con mayor densidad poblacional y necesidades más urgentes no habrían sido priorizados. Asimismo, se señala que la ubicación del proyecto podría dificultar el acceso de los pacientes, lo que implicaría costos adicionales para garantizar su operatividad.

En Tocoa, aunque se reconoce el deterioro del hospital existente, el análisis sugiere que una ampliación o modernización habría sido una alternativa más viable y menos costosa, permitiendo resolver carencias sin asumir un compromiso financiero tan elevado.

Por su parte, el hospital de Roatán evidencia fallas en su ejecución inicial, ya que tras su habilitación temporal se registraron problemas estructurales como inundaciones, lo que obligaría a realizar nuevas inversiones para corregir errores de diseño. Esta situación ha sido interpretada como un ejemplo de improvisación en la planificación de la obra.

En Ocotepeque y Santa Bárbara, las críticas se centran en la falta de especialistas que puedan garantizar la operatividad de los centros una vez concluidos. En este sentido, el documento advierte que sin una estrategia clara de formación y contratación de personal médico, estos hospitales podrían enfrentar limitaciones para brindar servicios completos, incrementando la presión sobre otros centros de referencia.

El proyecto en Choluteca también arrastra antecedentes complejos, incluyendo retrasos, cancelaciones y cuestionamientos técnicos. A pesar de ello, la obra fue retomada, lo que genera dudas sobre si se incorporaron las recomendaciones previas o si se repitieron errores en su planificación. Además, se señala la participación de empresas y personal extranjero, lo que ha despertado inquietudes en un contexto de desempleo local.

El análisis advierte que, de no corregirse estas deficiencias, el país podría enfrentar escenarios como la subutilización de infraestructura, el aumento de costos operativos y un impacto limitado en la mejora de la atención médica. Incluso se plantea el riesgo de que algunos hospitales terminen convertidos en “elefantes blancos”, es decir, proyectos costosos con baja utilidad real.

Ante este panorama, especialistas proponen redirigir esfuerzos hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención, mediante la ampliación de cobertura, mejora de infraestructura existente y contratación de personal médico. Asimismo, se recomienda invertir en hospitales ya operativos, modernizando equipos y garantizando atención continua.

Finalmente, el documento insiste en la necesidad de una auditoría técnica, financiera y administrativa que permita esclarecer las decisiones tomadas, identificar responsables y garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos. También plantea que los resultados deben ser divulgados de forma abierta, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía.