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El Congreso Nacional de Honduras aprobó un conjunto de reformas legales orientadas a reforzar la lucha del Estado contra la extorsión, las maras y el crimen organizado, en el marco de una iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura a través de la Secretaría de Seguridad.

Las modificaciones alcanzan el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el propósito de ampliar las capacidades de investigación, persecución y sanción de estructuras criminales que operan en distintas regiones del país y que afectan directamente a comerciantes, transportistas, emprendedores y familias hondureñas.

El nuevo marco legal introduce un endurecimiento significativo de las penas por extorsión, elevándolas a rangos de entre 15 y 20 años de prisión, además de mantener la posibilidad de cadena perpetua cuando este delito derive en la muerte de una persona. También se amplía la definición del delito para incluir nuevas modalidades como amenazas mediante medios digitales, operaciones desde el extranjero, uso de sistemas financieros y participación de redes criminales organizadas.

Entre las nuevas agravantes contempladas se incluyen situaciones como el cierre forzado de negocios, la utilización de menores de edad, la suplantación de autoridades, el aprovechamiento de vínculos de confianza y la ejecución de extorsiones desde fuera del país, lo que busca responder a la evolución de las estructuras delictivas.

Uno de los cambios más relevantes es la transformación de la extorsión en un delito de acción pública, lo que permitirá a las autoridades iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de denuncia previa por parte de las víctimas. Con ello se pretende reducir el impacto del miedo y las represalias que suelen impedir las denuncias formales.

El paquete de reformas también redefine el concepto de organizaciones terroristas dentro del ordenamiento jurídico, incorporando expresamente a maras, pandillas y estructuras transnacionales vinculadas al narcotráfico, siempre bajo los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Estas agrupaciones podrán ser perseguidas bajo figuras de terrorismo cuando su accionar busque generar control territorial, intimidación colectiva o financiamiento ilícito.

Como parte del nuevo esquema institucional, se crea la Agencia Nacional Contra el Crimen, una entidad coordinada por el CNDS encargada de articular esfuerzos entre las instituciones de seguridad, inteligencia e investigación criminal, con el objetivo de centralizar información estratégica sobre estructuras delictivas.

El nuevo sistema legal también fortalece el acceso a información clave para las investigaciones. Empresas de telecomunicaciones, entidades financieras y plataformas tecnológicas estarán obligadas a entregar datos requeridos por las autoridades dentro de plazos definidos, que pueden ir desde 24 horas en casos de intervención de comunicaciones, hasta acceso inmediato en investigaciones vinculadas a redes digitales.

Además, las reformas establecen la creación de unidades permanentes de respuesta dentro de estas empresas para garantizar la entrega oportuna de información, incluso en horarios no laborables.

En materia penitenciaria, el decreto declara de interés nacional la modernización del sistema carcelario, permitiendo la construcción y ampliación de centros penales bajo esquemas de contratación más ágiles. Asimismo, se autoriza la gestión de financiamiento mediante préstamos, fondos especiales o emisión de bonos para fortalecer la infraestructura penitenciaria.

Con estas disposiciones, el Estado busca consolidar una estrategia integral de seguridad que combine reformas legales, coordinación institucional y herramientas tecnológicas para enfrentar de manera más efectiva a las estructuras criminales que operan en el país.