Arresto domiciliario para exgenerales por muertes en protestas de 2009
Tras una audiencia inicial que se extendió por más de 24 horas, la Fiscalía presentó pruebas que incluyeron dictámenes balísticos, autopsias, testimonios y pericias. En el proceso, la acusación contra los exjefes militares fue recalificada de homicidio a asesinato en grado de tentativa y lesiones graves, aunque el juez determinó mantener la causal inicial de homicidio.
13 de enero de 2025
Un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó arresto domiciliario y medidas cautelares contra los exgenerales retirados Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, por su presunta responsabilidad en la muerte de Isy Obed Murillo Mencías y lesiones graves a Alex Zavala Licona durante una protesta en el aeropuerto Toncontín en 2009.
Tras una audiencia inicial que se extendió por más de 24 horas, la Fiscalía presentó pruebas que incluyeron dictámenes balísticos, autopsias, testimonios y pericias. En el proceso, la acusación contra los exjefes militares fue recalificada de homicidio a asesinato en grado de tentativa y lesiones graves, aunque el juez determinó mantener la causal inicial de homicidio.
El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, explicó que la resolución incluye medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario, la vigilancia por parte de sus apoderados legales y la prohibición de salir del país, reforzada con alertas migratorias.
El caso se marca en los sucesos ocurridos durante la crisis política de 2009, que culminaron con la destitución y expulsión del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. Durante una protesta en las cercanías del aeropuerto Toncontín, fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes, resultando en la muerte de Isy Obed Murillo, un joven de 19 años, y lesiones graves a Alex Zavala.
El juez destacó que las pruebas presentadas fueron suficientes para dictar auto de procesamiento formal contra los acusados, quienes ahora enfrentarán el proceso legal bajo las medidas cautelares impuestas. Aún está pendiente la fecha para la audiencia preliminar, donde se determinará si el caso avanza hacia un juicio oral y público.
Aunque los imputados podrán permanecer en sus domicilios, la resolución no interrumpirá el proceso penal en su contra. La Fiscalía buscará probar que los exgenerales, como altos mandos de las Fuerzas Armadas en ese momento, son responsables de los actos de represión que resultaron en violaciones a los derechos humanos.
El arresto domiciliario y las cautelares reavivan el debate sobre la justicia en los crímenes ocurridos durante la crisis política de 2009, subrayando la necesidad de que el proceso sea transparente y se garantice el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
