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La administración del presidente Donald Trump solicitó este viernes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que levante la orden de una jueza federal que bloquea el acceso del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a los registros personales de la Seguridad Social, una medida que ha generado alarma en organizaciones sindicales y de derechos civiles.

El DOGE, organismo liderado por el empresario Elon Musk, fue creado bajo la segunda administración Trump con el objetivo de «modernizar y acelerar los procesos gubernamentales». Sin embargo, ha estado en el centro de numerosas controversias por sus métodos, su opacidad y la falta de experiencia técnica de varios de sus integrantes en áreas sensibles como la protección de datos.

La disputa legal comenzó cuando, el pasado 20 de marzo, la jueza Ellen Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, emitió una orden temporal que prohibía a diez miembros del DOGE acceder sin restricciones a información extremadamente confidencial contenida en los archivos de la Administración del Seguro Social. Dicha información incluye números de la Seguridad Social, historiales médicos y de salud mental, datos bancarios, antecedentes fiscales, domicilios, registros migratorios y laborales, entre otros.

La demanda contra el acceso fue interpuesta por la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO), y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA), quienes advirtieron que conceder a personal no calificado del DOGE el manejo de estos datos representa un grave riesgo a la privacidad y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En respuesta, el procurador general John Sauer, en representación del Gobierno, presentó un escrito ante la Corte Suprema en el que acusa a la jueza Hollander de haber excedido su autoridad. Según Sauer, la medida cautelar “inflige un daño continuo e irreparable a las urgentes prioridades federales y obstaculiza las funciones del poder Ejecutivo”. Añadió que se trata de una “historia ya conocida” en la que los tribunales “interfieren indebidamente en la labor del Ejecutivo sin base legal”.

Este movimiento del Gobierno forma parte de una estrategia más amplia del presidente Trump y su equipo legal para revertir judicialmente los bloqueos que han recibido varias de sus decisiones más polémicas, en especial aquellas relacionadas con privacidad, vigilancia y centralización de datos.

Por su parte, las organizaciones demandantes sostienen que el DOGE no ha demostrado tener los protocolos, la formación ni la supervisión adecuada para gestionar datos sensibles de millones de ciudadanos, lo que abriría la puerta a violaciones masivas de privacidad y posibles usos indebidos con fines políticos o comerciales.

El Tribunal Supremo deberá ahora decidir si admite el recurso y se pronuncia sobre la constitucionalidad del acceso del DOGE a esta información, una decisión que podría sentar un precedente crucial en la relación entre privacidad ciudadana y poder ejecutivo en Estados Unidos.